En un anuncio desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno procederá a la desclasificación total de los archivos relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983). La medida busca "cumplir con el decreto 4 del año 2010", firmado en su momento por Cristina Kirchner, pero que "nunca fue implementado completamente", según afirmó Adorni.
El Gobierno enfatizó que este proceso "implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) a la órbita del Archivo General de la Nación", con el objetivo de garantizar acceso público a la información.
Adorni criticó a administraciones anteriores al sostener que "durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta". En esta línea, denunció que los documentos fueron utilizados como "botín de guerra", y sostuvo que ahora estarán al servicio de la memoria y no de la política.
Desde la Oficina del Presidente, se remarcó en un comunicado que la medida busca "poner fin a la opacidad que rodeó durante décadas estos documentos y ponerlos a disposición de la sociedad". El presidente Javier Milei respaldó la iniciativa desde su cuenta en X con un mensaje contundente: "A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia".
El atentado al capitán Humberto Viola será considerado crimen de lesa humanidad
En el mismo anuncio, Adorni confirmó que el Gobierno denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atentado contra el capitán Humberto Viola y su familia, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, como un crimen de lesa humanidad.
"Para el gobierno de Milei, el asesinato del capitán Viola y de su familia constituyó un crimen de lesa humanidad", afirmó el vocero presidencial en un mensaje grabado. Explicó que la administración actual "decidió entablar diálogo con la familia" y llegó a "un acuerdo histórico de solución amistosa", en el que se revierte "la mirada sesgada e ideologizada de gobiernos anteriores" respecto a los hechos de los años 70.
Según el relato oficial, "un grupo de guerrilleros armados con escopetas y ametralladoras interceptó el auto en el que viajaba el capitán con su esposa, María Cristina Picón –embarazada de cinco meses– y sus dos hijas de 5 y 3 años". La hija menor fue asesinada durante el ataque, mientras que Viola "intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza".
Adorni detalló que la hija mayor de Viola "sufrió un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y tuvo que ser operada en ocho oportunidades para sobrevivir", mientras que su esposa salió ilesa y pasó el resto de su vida pidiendo justicia hasta su fallecimiento en 2021.
El Gobierno identificó a los responsables con los apellidos Nuñez, Carrizo, Paz y Emperador, y denunció que "las familias de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado de acuerdo a la ley 24.043 por haber estado detenidos durante el estado de sitio".
Como parte del acuerdo con la familia Viola, la administración de Milei enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar imprescriptibles penal y civilmente este tipo de delitos. La Oficina del Presidente subrayó que esta decisión marca un cambio de postura respecto al gobierno de Alberto Fernández, que en 2022 había sostenido ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, era prescriptible.
"Este 24 de marzo es necesario tener memoria completa de nuestro país, y una memoria completa de las Fuerzas Armadas", concluyó Adorni, alineándose con la postura del Ejecutivo de revisar y resignificar los hechos ocurridos en las décadas del 70 y 80 en Argentina.
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