La Justicia de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de Argentina para investigar el proceso de nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La solicitud había sido presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), representada por el abogado Fernando Irazu, ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo era revocar el fallo que obliga al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera, argumentando que debía analizarse el caso desde el inicio del proceso de nacionalización.
Rechazo de la Justicia de EE.UU.
La jueza Preska pidió opinión tanto al Estado argentino como a los beneficiarios del fallo sobre la intervención de RA4ARG en el caso. Burford Capital, el principal favorecido por la sentencia, rechazó el pedido y lo calificó como “inoportuno”, cuestionando que se haya presentado más de un año después de la demanda original.
Por su parte, el Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, apoyó la solicitud de la ONG y reafirmó su compromiso con la investigación sobre la compra de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi. Además, expresó su disposición a colaborar con el gobierno estadounidense sin abandonar su postura de que la Justicia de EE.UU. no es el foro adecuado para resolver el caso.
La defensa del Gobierno y la decisión de la jueza
La estrategia de defensa del Gobierno está encabezada por el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, luego de que el procurador Santiago Castro Videla se excusara de intervenir. Desde el Ejecutivo argumentaron que enfrentan "una situación heredada" y que intentarán "buscar alternativas para mitigar el impacto de la sentencia", agotando todas las instancias judiciales.
La jueza Preska
Sin embargo, la jueza Preska desestimó la petición. En su fallo, sostuvo que la presentación de RA4ARG fue tratada como una moción de intervención y que fue “denegada por inoportuna”, ya que la entidad “no tiene ningún interés cognoscible en el litigio”.
Además, el escrito indicó que la intervención permisiva bajo las reglas no está justificada porque la ONG “no formula una demanda o defensa”, y que la Corte no tiene jurisdicción para conceder la reparación que busca debido a la apelación pendiente.
Con esta resolución, Argentina sigue enfrentando la obligación de pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, sin la posibilidad de reabrir la discusión sobre el proceso de nacionalización.
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