El Gobierno, mediante el decreto 102 publicado hoy en el Boletín Oficial, ha introducido una nueva política en el sector de salud. Según esta medida, los planes de salud comercializados por una misma prepaga podrán aumentar en distintos porcentajes, lo que representa un cambio en la forma en que se aplicaban los aumentos anteriormente, cuando todos los afiliados experimentaban el mismo ajuste sin considerar las diferencias en el listado de prestadores ni en las coberturas adicionales al Plan Médico Obligatorio (PMO).
Asimismo, se ha dispuesto que el valor de las cuotas para las personas de mayor edad no supere el triple del precio establecido para los planes destinados a los grupos más jóvenes. La normativa también establece que los planes para la última franja etaria deberán estar disponibles sin límites de edad máxima, "ya sea para la admisibilidad de nuevos usuarios o la permanencia de los existentes", garantizando que no se rechace a ninguna persona por motivo de su edad.
La nueva regulación ratifica que las entidades de medicina prepaga "podrán establecer libremente los valores de las cuotas", y añade que "el porcentaje de ajuste podrá variar según las características específicas de cada plan de salud que comercialicen". Esta flexibilidad en la determinación de precios busca incentivar la competencia en el mercado, pues se considera que el sistema anterior perjudicaba a los usuarios de planes más económicos, "que terminan financiando a los más caros".
Estas modificaciones se enmarcan en un contexto de recientes cambios normativos en el sector. En diciembre de 2023, con el DNU 70, el gobierno de Javier Milei liberó las subas de las prepagas, lo que provocó significativos ajustes en las cuotas durante el 2024, posicionando al sector como uno de los que más incrementos experimentó en ese período. Posteriormente, el decreto reglamentario 171 eliminó la diferenciación de aumentos entre los contratos vendidos por una misma entidad.
Otra novedad normativa, implementada a fines de enero, puso fin a la triangulación de los aportes realizados por trabajadores dependientes y monotributistas, mecanismo que hasta ahora permitía aplicar esos recursos al pago de las cuotas de una prepaga. Se espera que, con la disminución de costos, las entidades reduzcan el porcentaje de actualización de sus cuotas, favoreciendo así a los usuarios y promoviendo un mercado de salud más competitivo y accesible.
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