La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió a la Policía Federal Argentina (PFA) y a la Casa Militar los registros de entradas y salidas de la Quinta de Olivos correspondientes a los días 14 y 15 de febrero. La solicitud está vinculada con la causa que investiga la promoción de la criptomoneda Libra realizada por el presidente Javier Milei a través de su cuenta en X.
El 14 de febrero, Milei publicó un posteo en sus redes que desató un escándalo político, generando denuncias tanto en Argentina como en Estados Unidos. La magistrada busca determinar si el posteo fue realizado desde la Quinta de Olivos, ya que esto definiría su competencia en el caso.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal federal Federico Iuspa, quien todavía no ha impulsado la investigación.
La Justicia investiga reuniones de Milei con empresarios cripto
El avance de la investigación sobre la criptomoneda Libra también puso la lupa en reuniones entre Milei y empresarios vinculados al mundo cripto. El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción en Comodoro Py, solicitó una serie de medidas para establecer el nivel de participación de los involucrados en el caso.
Según fuentes judiciales consultadas por TN, se ordenó revisar la información disponible en la página del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, donde deben registrarse las reuniones oficiales de los funcionarios del gabinete.
Entre los empresarios investigados se encuentran:
- Mauricio Gaspar Novelli, trader financiero y organizador del Tech Foro de octubre pasado, donde Milei se reunió con varios de los involucrados en la causa.
- Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en este emprendimiento.
- Sergio Daniel Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores.
- Julian Peh, CEO de KIP Protocol y responsable de la estructura de lanzamiento de Libra.
- Hayden Mark Davis, CEO de Kalsier Ventures y dueño de la criptomoneda Libra.
La medida busca determinar por qué el Presidente y otros funcionarios tuvieron contacto con estos empresarios, qué se discutió en los encuentros y si se alcanzaron acuerdos concretos.
El fiscal Taiano enfatizó que se debe dejar constancia de los resultados obtenidos para esclarecer el motivo de las reuniones.
En su dictamen, el fiscal advirtió que los hechos podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La investigación sigue en marcha y busca determinar el grado de responsabilidad del Presidente y los empresarios en la causa.
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