El 12 de febrero de 2025, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como "Hidrovía". Dicho proceso, gestionado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se encuentra sometido al análisis detallado en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022.
En el dictamen, los fiscales nacionales, Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar Esteban Luis Venditti, subrayaron la "trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional". Entre las principales observaciones se destaca la "inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados", así como el incumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que exige la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.
Asimismo, se han recibido denuncias de potenciales oferentes que apuntan a un "posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal". Esta situación, también señalada por un grupo de diputados nacionales, vulnera los principios de "igualdad, transparencia y concurrencia" que deben regir los procesos de selección de contratistas estatales.
La PIA fue categórica al advertir que las deficiencias en la elaboración de los pliegos podrían derivar en consecuencias graves, ya que "los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales".
Cabe recordar que esta no es la primera intervención de la PIA en relación con la Vía Navegable Troncal. Durante la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021, observó "diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento" y propuso una serie de recomendaciones para evitar la recurrencia de estas situaciones.
Finalmente, el dictamen exhorta a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de "juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad", enfatizando que "toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país".
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