El Gobierno avanza con su plan para reformular la cobertura estatal de los tratamientos de cambio de género y eliminará el financiamiento para personas mayores de edad. La medida, que se formalizará mediante un decreto en los próximos días, se enmarca dentro de una serie de acciones que el Ejecutivo impulsa en respuesta a la agenda del movimiento LGBTQ+.
“Es una medida que nos quedó afuera del anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores, pero que vamos a impulsar en el corto plazo”, explicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada.
Según pudo saber TN, el Gobierno establecerá que “la salud pública no tenga la responsabilidad de mantener programas de hormonización”, una obligación que hasta ahora recaía sobre el Estado en los centros públicos de salud.
Los costos de la hormonización en los últimos años
Los datos oficiales revelan que entre 2020 y 2023, el Ministerio de Salud financió 548.662 tratamientos de hormonización con un gasto total de $848.365.341. Año a año, las cifras fueron las siguientes:
- 2020: 140.439 tratamientos por $110.923.738.
- 2021: 134.743 tratamientos por $153.941.853.
- 2022: 155.574 tratamientos por $229.543.082.
- 2023: 117.906 tratamientos por $353.956.668.
Además, en marzo de 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el exministro de Salud, Mario Russo, autorizaron una licitación pública para la adquisición de insumos hormonales. La compra contemplaba 55.000 unidades por $772.608.100 a una empresa y 50.000 por $54.617.000 a otra. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la orden de compra no se llegó a emitir y que el contrato no se firmó.
Cambios en la Ley de Identidad de Género
El Ejecutivo también planea modificar la Ley de Identidad de Género (26.743), que garantiza el derecho de las personas trans a recibir tratamientos médicos relacionados con su identidad de género. Actualmente, la normativa establece en su artículo 11 que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”.
Con esta nueva medida, el Gobierno busca restringir el acceso a los tratamientos en los hospitales públicos y evitar que los costos sean cubiertos por el Estado. “No tenemos por qué financiar cambios de género. Preferimos derivar fondos a problemas más importantes”, afirman en Balcarce 50.
La decisión se suma a la reciente prohibición de los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, establecida a través del decreto 65/2025.
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