Un grupo de aproximadamente 50 clientes de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Roma se congregó en la sede ubicada en Puerto Norte para manifestar su descontento ante los reiterados retrasos en la entrega de los lotes adquiridos en distintas localidades del Gran Rosario, tales como Ibarlucea, Álvarez y Pueblo Esther. Los afectados denuncian que, a pesar de haber cumplido con sus pagos en cuotas, en algunos casos acumulando hasta tres años de demora, los plazos prometidos no se han respetado.
La empresa, en respuesta a las protestas, difundió un comunicado en el que afirma “reafirmar su compromiso con la transparencia y la solución de cada caso”. En dicho comunicado se subraya que, si bien los desafíos en la gestión de grandes proyectos pueden generar inquietud, se está trabajando de manera continua y con el apoyo de diversas reparticiones públicas para cumplir con los compromisos asumidos.
Grupo Roma se especializa en el desarrollo de loteos dirigidos a ahorristas que buscan no invertir en tierra para especulación, sino para construir sus viviendas. La empresa cuenta con 15 proyectos urbanos en la región y esta no es la primera vez que surgen reclamos por la falta de avances en las obras prometidas. En el contexto actual, la controversia se ha intensificado, y algunos clientes incluso aluden a presuntas estafas, ya que la desarrolladora continúa vendiendo parcelas de los loteos que aún no han sido entregados.
Según el comunicado de la empresa, las obras en la mayoría de los proyectos se encuentran avanzadas en un 90%, y los trámites con las autoridades provinciales están aprobados o en la etapa final de aprobación. Sin embargo, el historial de problemas se agrava por la intervención gubernamental: en agosto del año pasado, el gobierno de Santa Fe suspendió las obras en tres loteos del Grupo Roma – El Naranjo (Ibarlucea), Orígenes (Soldini) y Comunidad Ejecutiva (Pueblo Esther) – por haber iniciado las construcciones y comercialización sin contar con todas las autorizaciones hídricas y ambientales requeridas. Posteriormente, se clausuró un cuarto proyecto, Campo Madero de Ibarlucea.
La suspensión de obras se fundamenta en la normativa vigente (Ley 11.717, decreto 101/03 y resolución 350/16), que exige la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático antes de iniciar cualquier obra. Actualmente, la empresa asegura que la situación se ha regularizado en el proyecto Orígenes, mientras que en El Naranjo y Comunidad Ejecutiva las obras continúan en proceso de regularización, manteniéndose en la situación de clausura.
Este prolongado incumplimiento ha generado preocupación entre los compradores, quienes exigen respuestas y soluciones efectivas para el fin de la incertidumbre, alertando además que la continuidad en la venta de nuevas parcelas podría constituir un agravante de la situación.
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