"112 denuncias penales contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA"

El polémico caso del token $LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei, ha alcanzado nuevas dimensiones tras la presentación de 112 denuncias penales ante la Justicia Federal. La mayoría de estas denuncias fueron ingresadas de forma digital en distintos juzgados, mientras que solo una se realizó de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires, ya aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan.

El pasado viernes, el mandatario impulsó en sus redes sociales un proyecto de inversión en criptomonedas, lo que desencadenó una reacción inmediata en el mercado. Al publicar el mensaje "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", acompañado de dos links (uno al sitio del proyecto y otro al tag del token), el token $LIBRA experimentó una suba exponencial alcanzando un pico de 4,978 dólares. Sin embargo, en menos de una hora, su valor se desplomó a 0,99159 dólares, generando grandes pérdidas en miles de inversores.

La controversia se intensificó cuando, pocas horas después, el presidente borró la publicación y se justificó afirmando que "no estaba interiorizado en sus pormenores" y que no tenía vinculación alguna con el proyecto. Esta aclaración no evitó que se levantaran denuncias por parte de afectados, quienes aseguran haber sido alentados a invertir en una propuesta que derivó en un desplome financiero.

El proyecto impulsado se enmarca en la iniciativa del Viva la Libertad Project, cuyo sitio oficial destaca que "Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados". Además, se ha reportado que cerca del 80% del circulante de $LIBRA se encontraba concentrado en tan solo cinco billeteras, y que el dominio relacionado con la criptomoneda fue registrado el mismo viernes del suceso.

Durante las horas en que el tweet estuvo activo, se especuló sobre la posibilidad de un hackeo a la cuenta del presidente; sin embargo, tanto funcionarios como fuentes cercanas a Milei negaron esta hipótesis. Diversos legisladores y usuarios en redes sociales advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y la posible existencia de un "rug pull", donde los desarrolladores, tras lanzar un token atractivo, retiran de forma repentina los fondos, abandonando el proyecto.

Apenas cerca de las 00:38 del sábado, Milei volvió a dirigirse a sus seguidores en X, indicando:
"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna".
Posteriormente, añadió que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", lo que evidenció un cambio de postura luego de conocer más detalles sobre el asunto.

Frente a las críticas, el mandatario no dudó en responder de manera contundente:
"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

Con este giro de los acontecimientos, la Justicia Federal tendrá que evaluar si la conducta de Javier Milei encaja en la comisión de algún delito penal relacionado con la promoción del activo digital $LIBRA. El reinicio de las actividades en las dependencias judiciales el próximo lunes podría acelerar la revisión de las denuncias presentadas.

Este caso no solo pone en evidencia los riesgos inherentes a las inversiones en criptomonedas, sino que también resalta la influencia de las redes sociales en la promoción de proyectos financieros de alto riesgo. La controversia sigue en el centro del debate tanto a nivel nacional como internacional, generando un amplio espectro de opiniones sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la difusión de inversiones volátiles.