El 4 de enero de 2025, el Gobierno, a través del Decreto 1/2025 firmado por el presidente Javier Milei, estableció los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos sometidos a procesos de valorización. La medida, que pone fin a una prohibición vigente desde 2009 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, abre la puerta a la comercialización de chatarra metálica, que podría alcanzar precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada en mercados externos.
Un cambio polémico
La autorización, que permite el uso de chatarra como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el país y en zonas francas, generó resistencia en el sector siderúrgico. Grandes empresas como Techint y Acindar manifestaron su descontento, al igual que unas 300 pymes metalúrgicas que emplean a 6,000 trabajadores y dependen de estos insumos para su producción.
Los principales compradores de chatarra argentina serían China y Turquía. Sin embargo, la industria local teme que los mejores residuos, preferidos por su calidad, se exporten, dejando los de menor valor para el mercado interno. Esto impactaría especialmente a las pequeñas fundiciones, cuyos hornos no están preparados para procesar materiales de baja calidad.
Costos y desafíos del sector
La industria siderúrgica en Argentina enfrenta altos costos derivados de la importación de hierro y carbón, provenientes de Brasil y Australia respectivamente, además de incrementos en tarifas eléctricas y presión fiscal. Mientras Techint podría optar por insumos importados, esta alternativa depende de la disponibilidad de dólares del Banco Central. Por ello, las siderúrgicas consideran a la chatarra un “insumo estratégico”.
Regulaciones y requisitos
El artículo 1° del decreto aclara que “no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final”. Asimismo, establece que las exportaciones deben cumplir con el Convenio de Basilea para garantizar que los materiales no representen riesgos ambientales.
Adicionalmente, los exportadores deberán presentar una Declaración Jurada certificando que los residuos no son peligrosos, conforme a normativas nacionales e internacionales. El decreto también define los conceptos clave:
- Residuo: Materia, sustancia u objeto destinado a eliminación o reciclaje.
- Residuo no peligroso valorizado: Aquel que ha sido procesado para eliminar su peligrosidad.
- Valorización: Procedimientos que permiten aprovechar recursos de los residuos mediante reciclaje o reutilización.
Justificación oficial
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida al señalar que la prohibición previa “era nociva por varios motivos”. Según explicó, “deprimía el precio local de los desechos, desincentivando el reciclado y limitando oportunidades económicas”.
El funcionario agregó que numerosos negocios, como el reciclaje de cables de cobre desechados por telefónicas, estaban bloqueados por las restricciones. “En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, comentó.
Finalmente, Sturzenegger destacó que la normativa anterior beneficiaba a grandes procesadores de chatarra, pero perjudicaba a pequeñas empresas de reciclado, resultando en la pérdida de oportunidades en amplios sectores de la economía.
