El presidente de la Nación, Javier Milei, ha puesto en marcha un plan para privatizar la "Ruta del Mercosur", que abarca más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas fundamentales para el comercio de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay. Este proyecto es una de las principales promesas de campaña del Gobierno y tiene como objetivo achicar el gasto público y sostener el equilibrio fiscal.
La iniciativa implica la licitación de un total de 9.145 kilómetros, lo que representa el 20% de la red vial nacional y el 80% del tránsito del país. Según el Ejecutivo, esto generaría un ahorro de más de 5.000 millones de dólares en 20 años. El decreto establecerá la licitación en dos etapas:
- La primera, que iniciará la próxima semana, incluirá 675 kilómetros del Corredor 18, compuesto por las rutas nacionales 12, 14 y el Puente Rosario-Victoria. Estas rutas atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y son clave para el comercio regional.
- La segunda etapa contemplará unos 8.470 kilómetros adicionales, entre los que se incluyen rutas concesionadas por Corredores Viales y otras no concesionadas como las rutas nacionales 33 en Santa Fe, 18 en Entre Ríos y 19 en Córdoba. La licitación de esta etapa está programada para febrero, con adjudicación prevista para julio.
La privatización también busca resolver problemas de infraestructura que han sido motivo de reclamos por parte de distintas entidades. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Corrientes (FC) advirtieron sobre la necesidad urgente de refacciones en las rutas nacionales 12 y 14, vitales para la conectividad logística y comercial del corredor del Mercosur. "Ambas rutas nacionales son claves para la conectividad logística y comercial de la región, especialmente como parte del corredor estratégico del Mercosur", destacó la CAME.
En este contexto, el actual concesionario, Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), enfrenta el vencimiento de su contrato el próximo 9 de abril y ha demandado al Estado por incumplimientos en ajustes tarifarios desde 2009, reclamando 300 millones de dólares. La empresa propone extender su contrato a cambio de retirar la demanda. Sin embargo, el Gobierno evalúa otras ofertas, incluyendo la de un consorcio de tres constructoras que proyectan una inversión cercana a los 600 millones de dólares.
El plan de licitaciones establece que los nuevos concesionarios deberán realizar obras de mantenimiento como reparación de baches, banquinas, iluminación y señalización antes de aplicar las nuevas tarifas de peaje. Actualmente, Corredores Viales acumula una deuda de casi 16.000 millones de pesos y el Gobierno ha reducido el 95% de las obras en provincias y municipios, delegando estas tareas a los gobiernos locales.
Las constructoras estiman que solo 1.000 kilómetros de los 40.000 de rutas nacionales son rentables para peajes, principalmente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3. En tanto, el impacto de estas medidas en la producción y el transporte será significativo para las regiones involucradas.
