El Gobierno ha autorizado un aumento en la tarifa de gas para grandes usuarios y estaciones de GNC, comenzando el 2025 con la publicación de la Resolución 933/2024 en el Boletín Oficial.
El ajuste, aprobado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), implica un incremento en las tarifas que los subdistribuidores cobrarán a los clientes considerados Gran Usuario (GU) y Estaciones de GNC por el uso de sus instalaciones. La actualización transitoria fija el costo en $2,18 por metro cúbico, frente a los $1,92 por metro cúbico establecidos previamente.
Según la normativa, el nuevo aumento se definió tomando como referencia “la evolución de la tarifa que es cobrada por las Distribuidoras a las Subdistribuidoras”, lo cual refleja los costos de servicio determinados por el organismo regulador.
El Ministerio de Economía había establecido previamente una serie de incrementos para las tarifas de distribución y transporte de gas natural durante los últimos meses de 2024 y enero de 2025, que fueron del 1% en septiembre, 2,7% en octubre, 3,5% en noviembre, 3% en diciembre, y finalmente 2,5% en enero de este año. En consecuencia, el ENARGAS emitió los correspondientes cuadros tarifarios y de tasas reflejando esos ajustes.
Además, se subrayó que la medida es parte de una serie de disposiciones transitorias en el marco de la emergencia declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 55/23, prorrogado por el Decreto 1023/2024. Dicho decreto establece la “emergencia en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como de transporte y distribución de gas natural”.
En este contexto, el decreto permite “aprobar adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”, mientras avanza el proceso de revisión tarifaria integral.
Este ajuste tarifario refleja la continuidad de las políticas energéticas de emergencia implementadas en años recientes, con el objetivo de garantizar la operatividad de los servicios públicos mientras se redefine el esquema tarifario de forma estructural.
