La tarde del pasado 17 de diciembre, Coco, un perro que su dueña “olvidó” en su automóvil mientras trabajaba en un local de calzados ubicado en Corrientes al 600, falleció asfixiado. Desde entonces, la dueña del animal enfrenta una serie de consecuencias que han afectado gravemente su vida personal y laboral. Su negocio, la zapatería Malala, permanece cerrado con la persiana baja y la vidriera cubierta por bolsas de nylon negro, reflejo del calvario que atraviesa.
La mujer, cuya identidad, teléfono y domicilio fueron difundidos en redes sociales —práctica conocida como doxear—, se convirtió en el centro de escraches y agresiones públicas. Según publicó el portal Conclusión, “tuvieron que cerrar por todo lo que les pasó” luego de la muerte de Coco, dejando a la familia propietaria del comercio sin ingresos. Sin embargo, no está claro si el cierre será definitivo o temporal.
Tras la muerte del perro en el auto de la dueña, la zapatería Malala no pudo volver a abrir por la presión social
"Es un típico caso de maltrato animal", aseguró Viviana, representante de la Protectora Rosario, el mismo día del trágico hecho. En ese momento, la policía, a través de su Brigada Ecológica, intervino para abrir el vehículo y sacar al animal ya fallecido. La dueña de Coco fue trasladada a la comisaría 2ª, donde se le inició una causa bajo la ley de protección animal.
El abogado de la familia, por su parte, calificó el hecho como “un accidente” y subrayó que la ley sanciona los casos de maltrato “dolosos, es decir, intencionales”, algo que, a su criterio, no aplica en este caso.
La repercusión del incidente trascendió el ámbito local y generó fuertes reacciones en redes sociales y en la vía pública. Al día siguiente de la muerte del perro, el frente del comercio apareció con mensajes garabateados: "Cómo podés matar a tu perro", decía uno de ellos, mientras otro cartel pintado a mano afirmaba: "Cerrado por irresponsables". A la tensión mediática se sumaron estos actos de escrache, aumentando la presión sobre la familia.
A casi tres semanas del episodio, la polémica continúa. Este caso plantea el debate sobre los límites de la justicia social y las consecuencias de las campañas de escraches en redes, que pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales, como el de ejercer una actividad económica.
