Las tensiones crecen en torno a la reprivatización de la Hidrovía, el estratégico corredor comercial del río Paraná. Grandes corporaciones internacionales y organizaciones soberanistas denunciaron irregularidades en el proceso licitatorio impulsado por el gobierno argentino. Las empresas Deme (Dredging International NV) y Rhode Nielsen, ambas referentes del dragado internacional, señalaron que la licitación está "direccionada" para beneficiar a la firma belga Jan de Nul, actual concesionaria de la vía navegable.
Denuncias por licitación "ilegalmente direccionada"
Deme calificó el proceso como "ilegalmente direccionado" y presentó una queja formal ante el gobierno argentino, exigiendo la nulidad de los pliegos licitatorios establecidos en la Disposición 34/2024. Según la firma, el esquema vigente "otorga ventajas competitivas insuperables" a Jan de Nul, asegurando su continuidad como concesionaria de la Hidrovía. En un documento de 76 páginas, Deme solicitó una nueva licitación en un plazo de 90 días.
Por su parte, Rhode Nielsen también impugnó el proceso, argumentando un direccionamiento claro hacia la empresa belga. El plazo para la presentación de ofertas vence el 12 de febrero de 2025, lo que mantiene alta la expectativa sobre los próximos pasos del gobierno.
Privatización por 60 años: críticas al esquema propuesto
El gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, planea otorgar una concesión privada por hasta 60 años para las obras de dragado y balizamiento de la Hidrovía, un corredor estratégico por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este esquema busca reemplazar la operatoria estatal instaurada durante la gestión peronista de Alberto Fernández.
El proceso contempla una única operadora privada que gestionará la modernización, mantenimiento y expansión del corredor, incluyendo la remoción de cascos hundidos y la supervisión de emergencias ambientales. Este modelo sin subsidios estatales se financiará mediante un sistema de peajes.
Impacto ambiental y profundización controvertida
Mientras las disputas empresariales avanzan, organizaciones como el Foro por la Recuperación del Paraná y el Encuentro Federal por la Soberanía advirtieron sobre las consecuencias ambientales del proyecto. Denunciaron que el aumento de la profundidad del canal a 44 pies, un tercio más que los actuales 34 pies, constituye una "entrega de soberanía" y un "crimen ambiental".
“El dragado a 44 pies no resiste ningún estudio de impacto ambiental y solo responde a los intereses de las grandes agroexportadoras extranjeras”, sostuvieron las organizaciones. Esta modificación permitiría el tránsito de buques Panamax, de gran capacidad, pero conllevaría riesgos irreparables para el ecosistema del río Paraná.
El proceso de reprivatización, que combina intereses económicos, denuncias de direccionamiento y graves cuestionamientos ambientales, continúa bajo la lupa nacional e internacional.
