El presidente Javier Milei designó a Andrés Edgardo Vázquez como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo encargado de controlar el pago de impuestos y combatir la evasión. Sin embargo, una investigación revela que el contador público posee propiedades de lujo en Miami adquiridas mediante complejas redes de sociedades offshore no declaradas en Argentina. Además, enfrenta causas judiciales por omitir declaraciones juradas y presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación, llevada a cabo por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el diario La Nación con datos de los Pandora Papers, documenta que Vázquez utilizó empresas registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para ocultar su patrimonio. Estas sociedades permitieron la compra de tres inmuebles en Miami entre 2013 y 2015, transacciones que no figuran en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Un entramado de sociedades pantalla
Los inmuebles fueron adquiridos a través de las firmas panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, controladas por una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Según los registros, Alcorta Corp adquirió en 2013 dos propiedades en el exclusivo complejo Icon Brickell de Miami por un total de 1,06 millones de dólares. En 2015, Pompeya Group Corp compró una suite en Chateau Beach Residences por 980.000 dólares.
Aunque el nombre de Vázquez no aparece directamente en los registros de las sociedades offshore, documentos presentados en Florida vinculan una dirección de Puerto Madero que coincide con la de su pasaporte. Además, un vínculo personal con estas empresas sería su pasión por el fútbol: los nombres de las firmas remiten al club Huracán, ubicado en la avenida Alcorta y el barrio de Pompeya, en Buenos Aires.
Causas judiciales y antecedentes
Vázquez, quien inició su carrera en la DGI como empleado raso en 1990, ya fue investigado por crecimiento patrimonial injustificado. En 2011, una denuncia lo vinculó con cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo, acusaciones que negó atribuyéndolas a una “operación de prensa”. Aunque inicialmente fue sobreseído en 2018, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa. Finalmente, en 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo debido a la falta de colaboración internacional.
Pese a estas acusaciones, en 2023 Vázquez declaró en Argentina la propiedad de 10 inmuebles y participación en tres empresas nacionales. Sin embargo, no figuran los activos en el extranjero ni la titularidad de las sociedades offshore, como exige la Ley de Ética Pública.
Silencio oficial
Desde la publicación de los datos en los Pandora Papers, Vázquez no respondió a las consultas de los periodistas, quienes intentaron contactarlo a través de su correo electrónico y voceros de la DGI. Mientras tanto, permanece en el cargo como jefe de la DGI, designado por el núcleo duro del gobierno libertario.
Esta polémica designación pone en entredicho la promesa de Javier Milei de combatir la “casta política” y resalta las contradicciones en la transparencia del gobierno.
