El Gobierno oficializó este jueves la imputación por presunta cartelización a varias empresas de medicina prepaga. Estas firmas tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su descargo y fundamentar su defensa frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que formuló las acusaciones tras detectar aumentos en los precios de los planes de salud entre diciembre de 2023 y abril de 2024.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que la imputación se basa en “indicios múltiples de un acuerdo colusivo” para fijar valores de las cuotas. Advirtió que, de confirmarse las acusaciones, las sanciones podrían alcanzar “el 30% del volumen de negocios de las empresas o hasta el doble del beneficio obtenido por el ilícito cometido”.
Las compañías señaladas incluyen a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y entonces titular de la UAS.
Relaciones tensas y antecedentes de intervención
Desde el sector privado señalaron que las tensiones con el Gobierno han sido constantes. “Arrancamos en una situación de relación nula. El mensaje de ellos fue que los precios estaban desregulados, y eso derivó en una denuncia de cartelización”, mencionaron representantes de las prepagas.
En abril, la Secretaría de Industria y Comercio, junto con la CNDC, implementó una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas a retrotraer los precios a los niveles de diciembre de 2023. Además, se instó a cesar el intercambio de información sensible entre compañías, especialmente en reuniones de la UAS.
Estrategia de defensa en marcha
Fuentes del sector aseguraron que las empresas ya han presentado pruebas sobre cómo se determinaron los aumentos de las cuotas. "“Las empresas van a seguir defendiéndose. Hubo un acomodamiento de un sector que estaba atrasado. Ahora hay que ver qué dice Defensa de la Competencia”, expresaron.
El proceso de defensa podría extenderse: la CNDC fijará un período de hasta 90 días hábiles para evaluar las pruebas, con posibilidad de prorrogarlo por otros 90 días. Posteriormente, las empresas tendrán seis días hábiles para presentar alegatos finales.
La Secretaría de Industria y Comercio recordó que, según la Ley de Cartelización, los cárteles de núcleo duro —como la presunta fijación de precios— son considerados “prácticas absolutamente restrictivas de la competencia”. La normativa abarca acuerdos entre competidores para coordinar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado.
Mientras tanto, las prepagas ajustan sus estrategias para refutar las imputaciones y responder a las medidas del Ejecutivo.
