El juez federal Ariel Lijo emitió una orden de captura internacional y extradición contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 acusados, para que sean indagados en Argentina por "graves violaciones de derechos humanos", invocando el principio de justicia universal.
La resolución, de 76 páginas, fue firmada este lunes y responde a un expediente iniciado en agosto tras una denuncia presentada por los abogados Diego Pirota y Darío Richarte. Según la documentación recolectada, las violaciones denunciadas implicarían la participación de las máximas autoridades de Nicaragua.
"El plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado", sostuvo el juez en su escrito. Además, Lijo destacó que "las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas".
La causa incluye pruebas sobre persecuciones por motivos religiosos, actos contra comunidades aborígenes, detenciones arbitrarias de periodistas y otros crímenes graves. En base a la fiscalía y la querella, se acusa a los imputados de "haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil", con el objetivo de suprimir manifestaciones sociales y perseguir a sectores disidentes.
El juez detalló que este plan se ejecutó utilizando la estructura del aparato estatal y los roles institucionales de los involucrados. Según el escrito, las acciones incluyeron "encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, y persecución por motivos políticos y religiosos", entre otros.
El plan represivo habría comenzado entre abril y junio de 2018, en respuesta a protestas sociales en Nicaragua, y se estructuró en distintas etapas. Para Lijo, los hechos documentados configuran un "plan generalizado y sistemático" de represión estatal.
La decisión del juez federal representa un importante avance en la aplicación del principio de justicia universal, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en violaciones graves a los derechos humanos.
