La administración del presidente Javier Milei, en conjunto con el ministro de Defensa, Luis Petri, envió al Senado un pedido formal de ascenso para militares cuyos nombramientos estaban bloqueados debido a que son familiares de represores involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Entre los afectados en la Armada Argentina se encuentran los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond. Por otra parte, en el Ejército los nombres incluyen a los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.
El 23 de diciembre, se presentó la nota al Senado solicitando "el Acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina". De ser aprobado, los ascensos serán retroactivos, ya que se considera que los afectados "reúnen las condiciones exigidas por la ley".
El bloqueo de estos ascensos tiene raíces en una medida tomada en 2010 por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A través de la Resolución 1581, se dispuso el pase a retiro de decenas de oficiales de alto rango por tener "algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura militar.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se iniciaron gestiones para revertir estas decisiones. Sin embargo, los avances no fueron suficientes para destrabar los ascensos, lo que llevó a la actual administración a tomar esta iniciativa.
