El Gobierno ha convocado a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al Grupo de los Seis para conformar una mesa tripartita que promueva la discusión de una reforma laboral ampliada y otras medidas económicas. La reunión, prevista para este miércoles, marca el primer acercamiento oficial tras la salida de Pablo Moyano de la conducción de la central obrera.
Desde la Casa Rosada, el objetivo principal es consolidar los vínculos con los dirigentes sindicales dialoguistas en un contexto de tensiones con Camioneros. Hugo Moyano, líder de este sector, advirtió sobre la posibilidad de un paro nacional si no se atienden sus demandas. Además, el Ejecutivo pretende incluir esta reforma en el debate legislativo del 2025, junto con cambios al régimen previsional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, está a cargo de organizar el encuentro, al que asistirán representantes de los sectores sindicales más relevantes, como Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). Por el lado empresarial, participarán referentes como Daniel Funes de Rioja (UIA), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Javier Bolzico (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Natalio Grinman (Cámara de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural).
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, lidera las conversaciones técnicas sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), cuyo objetivo es fomentar la formalidad laboral y aumentar los aportes previsionales. Según un funcionario, buscan establecer "un sistema de acuerdos entre privados donde intervengan solo las partes necesarias".
Entre las propuestas está la posibilidad de reducir impuestos al trabajo, como las cargas sociales, aunque el Gobierno aseguró que no impulsará una reforma sindical en el corto plazo. Esto implica no avanzar con puntos polémicos del DNU 70/23, frenado por la Justicia, como la optatividad de la cuota solidaria, la eliminación de la ultraactividad de convenios colectivos y la penalización de medidas de fuerza. También descartaron limitar elecciones sindicales o modificar el sistema de obras sociales.
En respuesta a las demandas gremiales, se realizaron ajustes en la Ley Bases para permitir que trabajadores independientes contraten hasta tres empleados sin establecer relación de dependencia, asegurando aportes para previsión, obra social y seguro. Sin embargo, se evitó reglamentar medidas que penalicen bloqueos sindicales.
La CGT, tras la renuncia de Pablo Moyano y su reemplazo por Octavio Argüello, ratificó su intención de diálogo y descartó un paro general. No obstante, Hugo Moyano reiteró el viernes su amenaza de medidas de fuerza si no se acuerda un aumento salarial del 15% para el período diciembre-febrero. Por otro lado, el Gobierno avanzó con iniciativas como un fondo optativo de cese laboral y un período de prueba laboral de hasta ocho meses para pequeñas y medianas empresas.
La reforma laboral y sus implicancias marcan el inicio de un año donde las negociaciones entre el Ejecutivo, los gremios y el sector privado serán claves para definir la dirección de las políticas laborales y económicas del país.
