La controvertida trama que rodea a Luis Herrera, ex titular de la sociedad de Bolsa Fernández Soljan y acusado de operar una fraudulenta mesa de dinero, continúa revelando nuevos episodios. En un reciente fallo, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario confirmó el desplazamiento de los síndicos encargados de gestionar la quiebra del empresario, debido a sus sospechosos vínculos profesionales. Sin embargo, se rechazó el pedido de que devuelvan los aranceles recibidos por su labor.
El caso, que afecta a decenas de acreedores con pérdidas millonarias, tuvo un giro en junio pasado cuando los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville solicitaron a la Justicia apartar a los contadores Eleonora Riva, Gabriel Palmero y Sergio García. Los representantes legales de los acreedores argumentaron que los síndicos no podían garantizar imparcialidad, dado que compartían el mismo equipo jurídico que el acusado Herrera: el despacho liderado por Juan Pablo Orquera, también señalado en la causa. En julio, el juez Nicolás Villanueva de la Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial avaló la solicitud de desplazamiento, decisión ahora ratificada por el tribunal superior.
Un esquema fraudulento
Los contadores involucrados participaron en la etapa de verificación de créditos durante el proceso de quiebra de Herrera. Este último es señalado como responsable de una mesa de dinero que prometía ganancias extraordinarias a inversores, quienes confiaban fondos no declarados y en efectivo para ser gestionados en mercados de futuros internacionales. El esquema, que funcionó por años, colapsó cuando los pagos de intereses dejaron de concretarse, lo que desató una ola de denuncias.
A pesar de los cuestionamientos, la Cámara determinó que la sindicatura tiene derecho a percibir honorarios aún no especificados, tomando los 15 millones de pesos inicialmente otorgados como base para cubrir gastos operativos y profesionales. Este monto deberá ser rendido en detalle ante el tribunal. El fallo desestima así la decisión previa del juez Villanueva, quien había exigido a los síndicos devolver esa suma.
Vínculos cuestionados
Los acreedores señalaron que, desde al menos 2016, el despacho jurídico que representa a Herrera también asistía al estudio del que forman parte los contadores desplazados, lo que comprometería su independencia y objetividad en la quiebra.
El reciente fallo, firmado por los jueces Mario Chaumet, Marcelo Molina y Jesica Cinalli, confirma el corrimiento de los tres síndicos pero libera de la obligación de reintegrar los honorarios percibidos. La decisión reaviva el debate sobre los estándares éticos en procesos concursales, particularmente en casos de alto impacto como este.
