La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó a Celulosa Argentina SA implementar un monitoreo exhaustivo de la calidad del aire y de las emisiones de "total reduce sulfure gas" (TRS) en su planta de Capitán Bermúdez, bajo supervisión de la autoridad provincial y de "las entidades que se consideren técnicamente apropiadas". Esta decisión modifica parcialmente un fallo de 2015 que había ordenado el cese total de dichas emisiones.
El TRS es una mezcla de compuestos sulfurados generados en procesos industriales, conocida por su olor a huevo podrido y por ser potencialmente peligrosa para la salud en altas concentraciones. La decisión judicial surge de un amparo ambiental presentado en 2006 por vecinos de la localidad, quienes denunciaron los efectos adversos de las emanaciones.
El tribunal confirmó la existencia de "escapes de gases" en al menos dos episodios, afectando gravemente a la población, incluyendo casos de desmayos y síntomas respiratorios en estudiantes de una escuela cercana. No obstante, también reconoció que la empresa realizó significativas inversiones en tecnología ambiental, destacando un convenio de 2007 con organismos nacionales y provinciales que incluyó un plan de mejoras de "100.000.000 de dólares".
A pesar de los avances tecnológicos, los jueces subrayaron que el impacto ambiental sigue siendo una preocupación, sobre todo por las pruebas recopiladas durante nueve años, que evidencian "partículas probadamente contaminantes" en el aire. Ahora, la supervisión buscará garantizar niveles seguros para los habitantes de Capitán Bermúdez.
El fallo fue recibido con cautela, dado que, aunque revoca la orden de cese de emisiones, reafirma la necesidad de vigilancia activa sobre las operaciones de la empresa para proteger la salud pública.
