El Gobierno Nacional avanza con el "Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar", que implica la venta o concesión de aproximadamente 27 mil hectáreas de los campos experimentales del Inta en todo el país. Este plan afecta al 87,5% de los predios, ubicados en diversas zonas productivas, y tiene como objetivo poner a disposición de la Administradora de Bienes del Estado (AABE) dichas tierras para su venta pública. Entre los campos afectados se encuentran los de Rafaela y Reconquista, en la provincia de Santa Fe, que perderán un porcentaje significativo de su superficie.
El proyecto contempla la venta directa de grandes campos a partir de 2025 y, para este año, se planea completar el proceso de evaluación y autorización para enajenar las tierras. Además, el plan podría extenderse a otros campos, alcanzando un total cercano a las 100.000 hectáreas. Sin embargo, el uso de los ingresos generados por la venta y el arrendamiento de estas tierras ha generado controversia, ya que el dinero será dirigido al Tesoro Nacional, en lugar de destinarse al financiamiento de las actividades del Inta.
Las voces críticas, especialmente en el ámbito agropecuario y científico, señalan los efectos negativos que esto podría tener en la investigación y el desarrollo tecnológico del sector. La propuesta de venta de terrenos incluye la enajenación de parcelas en áreas de alto valor agropecuario, lo que ha intensificado la oposición al plan. En el caso de los centros experimentales de Rafaela y Reconquista, se prevé la venta de casi el 95% y 88% de sus tierras, respectivamente.
Este proceso forma parte de un ajuste más amplio que busca reducir el tamaño del Inta y recortar su presupuesto, lo que ha generado tensiones dentro de la institución. El director del Inta, Nicolás Bronzovich, ha defendido la venta de tierras como parte de la reestructuración del instituto, mientras que empleados y representantes gremiales han denunciado un posible desmantelamiento de la institución.
