Subasta, complejo de viviendas o cierre total: las opciones que analiza el Gobierno para el edificio Evita. (Foto: AFP/Luis Robayo).
El Gobierno nacional estudia diversas opciones para definir el destino del emblemático edificio ubicado sobre la avenida 9 de Julio, que actualmente alberga al Ministerio de Salud y dependencias de Capital Humano. Desde la Casa Rosada aseguran que el inmueble “es antiguo y costoso”, lo que motivó debates sobre su viabilidad. Aunque se descartó una demolición, para 2025 podría tomarse una decisión definitiva.
El edificio, inaugurado en 1936 como sede del Ministerio de Obras Públicas, enfrenta problemas estructurales severos: “espacios laborales superpoblados, ascensores fuera de servicio, paredes con rajaduras y un sistema de climatización obsoleto”. Según fuentes gubernamentales, no se realizan obras en algunas áreas, como el subsuelo, desde hace más de 20 años.
Las alternativas que se barajan incluyen subastarlo, reconvertirlo en un complejo habitacional o cerrarlo definitivamente. También se propuso ceder la propiedad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una opción que presenta complicaciones legales por la necesidad de consenso entre ambas jurisdicciones.
Subasta o reconversión habitacional
En caso de subasta, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sería responsable de gestionar el proceso, previa notificación de los ministerios implicados. El Presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberán autorizar la venta. Otra posibilidad es licitar proyectos para desarrollar unas 400 viviendas pequeñas en el lugar, con la colaboración de la Secretaría de Vivienda.
El edificio, de 22 pisos y más de 30.000 m², es considerado “demasiado grande para las funciones actuales”. Algunas dependencias ya fueron trasladadas a la Casa Patria Libertad, antes conocida como Casa Patria Grande Néstor Kirchner.
Impacto simbólico y costos de demolición
El Gobierno también evalúa retirar los murales de "Evita" que adornan las fachadas del edificio, en sintonía con la “batalla cultural” impulsada por la gestión actual, que ha eliminado símbolos asociados al kirchnerismo en edificios públicos. Mientras tanto, la demolición completa del inmueble fue descartada debido a su elevado costo, estimado en $1.370.970.000, sin incluir gastos logísticos adicionales.
“Es necesario comenzar a desocupar el lugar para decidir su futuro”, afirman en el Ejecutivo. La discusión sobre el destino del edificio Evita se enmarca en el debate sobre el uso de los bienes públicos y su desvinculación de referencias políticas.
