En medio de una creciente ola de denuncias por parte de personas con discapacidad que no pueden acceder al beneficio de pasajes gratuitos, el diputado nacional Eduardo Toniolli responsabilizó al gobierno de Javier Milei por las recientes complicaciones en el sistema de transporte. “Desde la publicación del decreto 883/2024, que establece la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, se han multiplicado las denuncias de personas con discapacidad que no han podido acceder a su derecho a viajar sin costo, derecho reconocido por medio de los decretos 38/2004 y 118/2006”, declaró Toniolli.
El legislador subrayó que muchas empresas de transporte han utilizado el argumento de que, debido a la desregulación, "ya no brindan un servicio público y por lo tanto no están obligadas a respetar el cupo de pasajes gratuitos". Esta situación ha generado una gran preocupación, ya que afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Toniolli criticó fuertemente la medida del gobierno, calificándola como un “viva la pepa” en el sector del transporte. Según explicó, aunque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sostiene que está gestionando los reclamos, el decreto de desregulación permite a las empresas evitar salir desde las terminales de ómnibus, lo que en la práctica “hará imposible cualquier tipo de control”.
El diputado, quien forma parte de la Comisión de Transportes en la Cámara Baja, formuló varias preguntas al Poder Ejecutivo, solicitando detalles sobre las acciones tomadas por la CNRT para garantizar el acceso a pasajes gratuitos, el número de denuncias registradas desde la implementación del decreto y las soluciones ofrecidas a las personas con discapacidad en casos de incumplimiento por parte de las empresas.
Toniolli señaló que las denuncias provienen de múltiples terminales en todo el país, incluyendo Rosario, Paraná, Bariloche, San Juan y Retiro. “Evidentemente estamos frente a una operatoria coordinada por las empresas del sector en todo el país, y no podemos permitir que se afecte los derechos consagrados de personas vulnerables”, concluyó.
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