Un amplio operativo llevado a cabo el jueves resultó en el allanamiento de dos plantas dedicadas al reciclaje de plásticos, una ubicada en Camino de los Indios al 2400, en barrio Santa Lucía, y otra en Ricardo Lagos al 3300, en Cabín 9. Ambas instalaciones están bajo investigación por presunto daño ambiental, después de que se encontraran residuos peligrosos, como envases de agrotóxicos, mezclados con otros desechos plásticos. Los procedimientos revelaron condiciones deplorables en ambas plantas, con líquidos tóxicos fluyendo hacia excavaciones abiertas en zonas pobladas, lo que representa una seria amenaza para la salud y el medioambiente.
El operativo contó con la participación de diversas áreas del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario y Bomberos Zapadores, entre otras entidades. También colaboró la ONG Campo Limpio, dedicada al manejo de envases vacíos de productos fitosanitarios.
Daños ambientales y condiciones laborales precarias
En el galpón ubicado en Camino de los Indios, las inspecciones comprobaron que las actividades de reciclaje se realizaban en condiciones sumamente precarias. Los trabajadores, identificados en su mayoría como jóvenes entre 20 y 30 años, no contaban con la protección adecuada mientras manipulaban materiales tóxicos. Las instalaciones carecían de las medidas mínimas de seguridad e higiene, convirtiendo lo que debería ser un proceso beneficioso en un foco de contaminación que afectaba a una comunidad cercana.
En ese lugar, se identificaron a siete personas, incluyendo a Ariel A., el encargado, quienes estaban expuestos a sustancias peligrosas durante el proceso de lavado, molienda y fundición de plásticos. "La falta de medidas de seguridad era evidente, con zanjas improvisadas que canalizaban los líquidos tóxicos a cielo abierto", informó uno de los agentes presentes en el operativo.
Problemas logísticos y medidas judiciales
El fiscal de Flagrancia, Pablo Lanza, fue quien lideró las medidas legales tras el allanamiento. En primer lugar, se enfrentaron al dilema de cómo gestionar los materiales tóxicos encontrados. La empresa Pelco, especializada en la gestión de residuos industriales, fue asignada para ocuparse del material procesado y no procesado a través de la ONG Campo Limpio. Sin embargo, la maquinaria utilizada en las instalaciones presentó otro reto. "No tenemos los medios logísticos necesarios para el traslado de los equipos de gran porte", señaló un funcionario.
Finalmente, la maquinaria, incluyendo trituradoras de plástico, tanques de lavado y secado, fue dejada en depósito judicial, quedando bajo la custodia de los encargados de las plantas. Se secuestraron además teléfonos celulares, montacargas y tráileres, entre otros equipos.
Una investigación en curso
La situación en el segundo depósito, en Ricardo Lagos al 3300, fue similar, con equipos de reciclaje anclados al suelo y circuitos de maquinaria pesada en funcionamiento. También se halló un documento de clausura de la Municipalidad de Rosario, lo que agrega un nuevo nivel de complejidad a la investigación. Joel G., presente en el lugar, fue nombrado depositario judicial de la maquinaria pesada allí instalada.
A pesar de los allanamientos, la planta podría retomar su actividad si logra adecuar las condiciones ambientales necesarias. Mientras tanto, la investigación continúa, centrada en los impactos sobre la salud y el medioambiente que estas operaciones han generado en las comunidades cercanas.
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