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Foto: Soledad Quiroga |
La Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han presentado un informe exhaustivo que detalla el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante los primeros meses de la administración de Javier Milei. El estudio, titulado "Rascar la olla", se enmarca en el proyecto "Todo Alimento es Político" y expone cómo, mientras la ciudadanía experimenta una disminución en el consumo de alimentos, las empresas del sector alimentario y del complejo exportador han visto un aumento espectacular en sus ganancias.
Mientras la pobreza llega al 53%, el gobierno desmantela 111 políticas públicas relacionadas a la producción, consumo y acceso a alimentos.
— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024
Con @rosalux_conosur y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) relevamos este vaciamiento👇🔗https://t.co/w1YAHNRsw8 pic.twitter.com/rHaa4pHdBf
El informe fue elaborado por un equipo de expertos del Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Este análisis se centró en tres ejes clave: la producción, el acceso a alimentos y el apoyo gubernamental, evaluando un total de 111 políticas.
Los resultados obtenidos son alarmantes: el precio de un plato de guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Esto implica que con un salario mínimo o una jubilación, hoy se pueden adquirir 118 platos menos que en el pasado. En el mismo período, el acceso a los alimentos mediante la Tarjeta Alimentar pasó de permitir la compra de 74 platos a 54. Asimismo, el precio de una taza de mate cocido se incrementó en un 143%.
Consumo en descenso, ganancias en ascenso
El informe destaca una reducción promedio del 16% en el consumo de alimentos en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas. Las categorías más afectadas incluyen bebidas (con una caída del 26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
En contraste, las empresas del sector alimentario han aumentado sus ganancias en un asombroso 1300%, y el complejo exportador de granos ha visto un crecimiento del 4900% entre noviembre del año pasado y julio de este año. El informe resalta que estas transformaciones han complicado aún más el acceso a una alimentación adecuada. Se identifican tres tendencias generales: el fortalecimiento de la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación de políticas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI) y el abandono del Estado en la asistencia alimentaria.
La ACFI, que durante más de dos décadas brindó apoyo técnico y financiero al sector, ha sufrido un golpe significativo con la eliminación de programas como Pro Huerta, que contaba con más de 30 años de historia. Además, se han congelado iniciativas para fomentar mercados de cercanía y se han eliminado programas dedicados a la educación alimentaria y nutricional.
El informe también señala la implementación de políticas que perjudican la producción, como la autorización de eventos transgénicos de soja y maíz, la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la prohibición de investigaciones sobre temas cruciales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Otras eliminaciones significativas incluyen el gravamen para vacas y lácteos, la Ley de Radicación de Establecimientos de Yerba Mate, y diversos fondos y leyes relacionados con la producción agropecuaria y la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
Durante el período analizado, los precios al consumidor se elevaron un 111%, mientras que la participación del productor en el precio final se redujo del 12% en marzo de 2023 a entre 5% y 8% en junio de 2024.
En lo que respecta al apoyo para el consumo popular de alimentos, se han eliminado políticas comunitarias, aunque se ha reforzado el presupuesto para asistencias directas a grupos específicos como AUH, AUE y el Plan de los 1000 días. Sin embargo, el aumento de los niveles de pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 indica que estos refuerzos fueron insuficientes para contrarrestar los efectos de la recesión económica.
El informe concluye alertando que estos cambios están llevando al cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han visto reducir tanto la cantidad como la calidad nutricional de las comidas ofrecidas. Estas iniciativas, que son fundamentales para la reconstrucción del tejido social, están amenazadas por la falta de recursos, semillas y apoyo técnico.
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