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Conflicto por el Derecho al Agua en Funes: Más de 60 Familias Resisten el Corte de Suministro

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Un insólito conflicto se desarrolla en la ciudad de Funes, donde más de 60 familias de la denominada Zona 3 se enfrentan a la empresa Aguas Santafesinas (Assa) por el suministro irregular de agua. Desde la entrada a la ciudad, los vecinos han resistido un operativo destinado a cortar el servicio, una medida que la empresa argumenta como necesaria debido a la irregularidad de la conexión, la cual nunca fue facturada. En el pasado, estos residentes intentaron regularizar su situación, pero la respuesta de Assa ha sido drástica: la ruptura de un caño.

Edgardo Juárez, escritor y activista comunitario, ha estado en la primera línea de esta lucha. Aunque no reside en la zona afectada, ha trabajado incansablemente para revitalizar las organizaciones vecinales de Funes y abordar problemas como la seguridad y la planificación urbana, que considera falencias persistentes en la ciudad. La conexión que ahora está en riesgo fue establecida cuando Funes tenía más características de pueblo que de ciudad, a pesar de haber sido declarada como tal. En aquel entonces, la zona era un espacio de transición entre áreas construidas y baldíos.

Durante años, los vecinos no pagaron por el agua, lo que llevó a la actual gestión de Assa a decidir cortar la conexión. “Todo el mundo estaba al tanto. Nadie está pretendiendo decir que no sabía cuál era la situación. Pero en varias oportunidades se intentó regularizar; que la compañía pusiera medidores, y ese tipo de cosas. Todas las administraciones pateaban para adelante la situación”, explica Juárez. La nueva presidenta de Assa, Anahí Rodríguez, ordenó el corte del suministro sin previo aviso, dejando a los residentes en la incertidumbre.

Este caso ha abierto un “debate entre ético y jurídico”, según Juárez, quien recuerda que “la Constitución Nacional proclama el derecho al agua como un derecho humano”. A su juicio, la empresa no puede priorizar su reglamento interno sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos. Además, la conexión fue realizada por personal especializado, lo que complica aún más la situación.

Los vecinos han buscado asistencia judicial, amparándose en el principio de progresividad y de no regresión, fundamental en diversas leyes de derechos humanos. “Suplantar el servicio domiciliario que ahora tienen los residentes de la Zona 3 por canillas públicas sería todo lo contrario”, advierte Juárez, quien resalta que muchos de los afectados son personas de escasos recursos que enfrentarían enormes dificultades para acceder a agua potable alternativa.

A pesar de sus esfuerzos por comunicarse con el gobierno local y provincial, los únicos que han respondido son los concejales de Funes. Estos aprobaron dos resoluciones que solicitan a Assa una solución para la provisión de agua de calidad, aunque la empresa ha permanecido en silencio. Juárez menciona que un matrimonio que llevó una carta a Assa recibió una respuesta preocupante: la empresa amenazó con denuncias penales a los vecinos que se opusieran a sus decisiones.

La resistencia de los vecinos fue inmediata cuando Assa intentó cortar el servicio, incluso el intendente Roly Satacroce se presentó, pero no pudo intervenir significativamente. Sin embargo, la presión ejercida por los residentes logró que la empresa finalmente reconectara temporalmente el suministro.

Mientras la situación judicial avanza, Juárez espera que se tomen medidas cautelares para proteger a los vecinos más vulnerables. Aunque el suministro de agua se mantiene por ahora, no hay garantías de que esto continúe. La empresa había programado un nuevo corte para finales de septiembre, que no se realizó, y los vecinos siguen tratando de evitar que se cumpla.

Juárez sugiere algunas soluciones alternativas, como la instalación de medidores o la creación de una microplanta de abastecimiento, considerando que “ya tenemos contactos para ello”. Sin embargo, advierte que estas soluciones no serán aptas para consumo humano, limitándose a usos básicos como el aseo y la limpieza.

A pesar de las obras de infraestructura que se han llevado a cabo en Funes, Juárez señala que la municipalidad ha priorizado proyectos de pavimentación sobre el desarrollo de servicios fundamentales como el agua y el saneamiento. Este conflicto recuerda situaciones similares vividas en Rosario, donde la falta de infraestructura básica ha generado tensiones entre el Estado y los residentes. En el caso de Funes, la situación se invierte: mientras algunos servicios han sido establecidos, el Estado intenta revertirlos.

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