El Consejo de la Magistratura citó para el próximo martes 5 de noviembre a la diputada socialista Lionella Cattalini en el marco de una investigación sobre el juez federal Marcelo Bailaque, a quien la legisladora denunció penalmente. Cattalini acusa a Bailaque de “retrasar las investigaciones sobre el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado,” acción que, según ella, “habría permitido la expansión de actividades criminales y el aumento de la violencia en Rosario”.
La diputada sostiene que Bailaque, quien preside el juzgado federal de Rosario, ha obstaculizado desde 2013 las investigaciones contra Alvarado, a pesar de contar con información que podría haber facilitado una intervención temprana. “Durante el tiempo que se demoraron las investigaciones, Alvarado acumuló poder y provocó decenas de crímenes en nuestra ciudad. Por eso, necesitamos respuestas sobre por qué no se actuó a tiempo,” expresó Cattalini.
En abril de este año, la diputada solicitó un informe al Consejo de la Magistratura sobre el estado del expediente iniciado en 2022 por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Su insistencia llevó a que, finalmente, el Consejo abriera un sumario contra Bailaque este año.
En agosto, Cattalini amplió su denuncia en la justicia federal de Rosario y en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Además de criticar el accionar del juez, la legisladora expuso posibles vínculos de corrupción entre Bailaque y el contador Gabriel Mizzau, quien administra las finanzas de las empresas de Alvarado y, a su vez, es contador personal del juez. Asimismo, cuestionó la contratación sin concurso de Sebastián Mizzau, hijo del contador, en el juzgado de Bailaque, quien luego fue promovido al Tribunal Federal Oral N°3 de Rosario. “Es inadmisible que un juez federal comparta contador con el principal líder del narcotráfico en la provincia y contrate a su hijo en el juzgado. La lucha contra el narcotráfico requiere funcionarios judiciales íntegros y comprometidos,” afirmó Cattalini.
Cattalini también destacó la importancia de “identificar a los responsables que permitieron la impunidad en estos casos.” Agregó que “en Rosario la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia.”
La diputada señaló además la complejidad del narcotráfico, describiéndolo como “un negocio multifacético, multidimensional, con una enorme capacidad de cooptación de recursos institucionales por su anclaje en el poder económico.” Según Cattalini, es esencial contar con funcionarios judiciales comprometidos para enfrentar este desafío en Rosario.
La denuncia contra Bailaque, que apunta a su destitución, ha recibido el respaldo unánime de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que aprobó un proyecto en apoyo a Cattalini.
También han sido citados en relación a este caso Emilio Lencina, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario, y el ex fiscal federal Marcelo Di Giovanni, quien en 2013 solicitó intervenciones telefónicas que Bailaque inicialmente desestimó y autorizó solo once meses después. Además, están convocados la ex fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren y los fiscales federales Diego Iglesias y Santiago Marquevich, junto con el fiscal de Santa Fe Luis Schiappa Pietra, quien en 2022 pidió al Consejo que evalúe el desempeño de Bailaque en este caso.
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