El gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del transporte de larga distancia, preparando una medida que podría liberar el precio de los boletos y alterar profundamente el sector. Aunque aún no hay fecha oficial para su implementación, se espera que los anuncios lleguen en los próximos días. Esta nueva normativa busca reformar un sistema que ha sido regulado por el decreto 958/1992, proponiendo cambios que generan malestar entre los empresarios y dudas en los pasajeros.
La iniciativa está siendo elaborada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y tiene como uno de sus objetivos principales “liberar y desregular” el transporte automotor de larga distancia. Este proyecto no afecta los servicios internacionales ni las frecuencias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero sí implicaría modificaciones importantes para los recorridos dentro del país.
Entre los puntos más destacados de la nueva normativa se encuentra la posibilidad de que las empresas transportistas fijen libremente los recorridos, horarios y precios de los pasajes, así como la modalidad y duración de los viajes. De aprobarse, esto implicaría la eliminación del tope tarifario que actualmente regula el valor máximo de los boletos. Además, se permitiría que los colectivos inicien o terminen sus trayectos en cualquier terminal del país, flexibilizando aún más las operaciones.
Otro aspecto relevante de la propuesta es la creación de un registro digital donde las empresas deberán inscribirse para ofrecer servicios de transporte de carga y correspondencia, además del traslado de pasajeros. Para esto, deberán proporcionar información detallada sobre sus vehículos, como capacidad de transporte, cantidad de asientos y licencias de los conductores. También estarán obligadas a contratar seguros que cubran eventuales riesgos tanto para usuarios como para terceros.
El objetivo detrás de esta iniciativa es "simplificar las exigencias" para ingresar al sector, permitiendo que nuevos actores puedan ofrecer servicios de transporte y promoviendo la competencia. Desde el gobierno, se espera que la mayor cantidad de empresas participantes genere una mejora en las condiciones del servicio y se traduzca en beneficios para los pasajeros. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo para evaluar si esta lógica se materializa en la práctica.
A pesar de los objetivos oficiales, la propuesta ya ha generado resistencia entre los empresarios del transporte de larga distancia. En el sector privado, se cuestiona que la flexibilización podría abrir el mercado a actores que, si bien cumplen con requisitos mínimos de seguridad, no estarían preparados para garantizar un servicio de calidad. Además, existe preocupación por la posibilidad de que algunas rutas, especialmente las menos rentables, queden desatendidas, afectando la conectividad de localidades más pequeñas.
"Podría pasar que en algunos destinos haya 200 competidores y los precios bajen, pero ya no será obligatorio cubrir todos los traslados", advierten desde una de las empresas, señalando que la competencia podría concentrarse en las rutas más lucrativas. También hay incertidumbre sobre si la normativa incluirá requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad y si los controles de seguridad vial serán lo suficientemente estrictos.
En este contexto, los empresarios del sector están a la espera de los detalles finales de la medida, conscientes de que su aprobación representaría un cambio radical en las reglas del juego. "Esto no es solo un cambio de norma; es el fin del transporte tal como lo conocemos", concluyó un referente del rubro.
