El Gobierno argentino ratificó que no presentará garantías ante la Justicia de los Estados Unidos en el marco de la apelación al fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF. La Casa Rosada insiste en que utilizará "todos los recursos" judiciales disponibles para evitar el pago de la indemnización de US$16.100 millones y la transferencia de las acciones solicitadas por la jueza Loretta Preska.
Fuentes del Ejecutivo afirman categóricamente: “No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”. En este sentido, se descarta por completo la posibilidad de armar un esquema de pago que involucre activos o dólares, así como también la toma de nueva deuda para afrontar la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, enfatizan desde el oficialismo.
Aunque no se ha precisado una fecha exacta, los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan para oficializar la apelación “lo antes posible”. La Procuración General del Tesoro, bajo la coordinación de Santiago Castro Videla, es la encargada de elaborar el documento. Castro Videla se reunió recientemente con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para afinar la estrategia jurídica y discursiva del Gobierno, que ha culpado al exgobernador Axel Kicillof por la estatización de la empresa.
Este encuentro se produce en un contexto de reuniones de alto nivel. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó previamente una reunión con la mesa chica del oficialismo, integrada por Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem. Más temprano, el presidente Javier Milei presidió una reunión de Gabinete.
El fallo de Loretta Preska dictaminó la transferencia de las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York en un plazo de 14 días. La jueza ordenó también instruir a BNYM para iniciar la transferencia de las acciones a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir del depósito de las mismas.
Esta decisión se produce mientras aún se tramitan las apelaciones de una resolución anterior en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Tanto Argentina como los fondos Burford y Eton buscan la revisión del fallo de primera instancia; el Estado argentino busca revertir la sentencia, mientras que los demandantes pretenden que se incluya a YPF como responsable de la estatización.
La estrategia del Gobierno consiste en retrasar el pago de la indemnización el mayor tiempo posible, siguiendo el esquema aplicado en otras demandas contra Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos y buscar que un nuevo tribunal se pronuncie sobre el conflicto.
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