El Gobierno argentino formalizó este lunes la declaración del transporte aéreo como "servicio esencial", tras haberlo anunciado el viernes pasado, coincidiendo con un paro de 24 horas de los gremios aeronáuticos. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial mediante los decretos 825 y 831, ha generado una fuerte respuesta de los sindicatos, quienes han advertido que recurrirán a la Justicia para intentar revertir la disposición y señalaron que el conflicto con Aerolíneas Argentinas y el Ejecutivo "se va a agravar".
El decreto establece que, según las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es legítimo requerir un "servicio mínimo" en actividades consideradas esenciales para evitar "daños irreversibles" o situaciones que pongan en peligro la seguridad y salud pública. Los documentos, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), remarcan que la interrupción de este servicio podría tener graves consecuencias para el país, afectando la conectividad, el comercio y la cadena de valor relacionada con el transporte aéreo.
Impacto en los usuarios y la economía
En los considerandos del decreto se señala que la afectación del servicio aéreo puede repercutir negativamente en diversas industrias que dependen de esta modalidad para su correcto funcionamiento, generando "perjuicios a los usuarios y consumidores" y alterando el desarrollo económico normal. En consecuencia, se considera necesario establecer un régimen de "prestaciones mínimas" que garantice el equilibrio entre el derecho a la huelga y la continuidad del servicio.
La normativa detalla que, una vez notificada la medida, las partes involucradas tendrán 24 horas para acordar los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto, incluyendo la designación del personal necesario. Si no se llega a un acuerdo o los servicios mínimos resultan insuficientes, la Autoridad de Aplicación intervendrá en un plazo de 48 horas para determinar las condiciones de prestación, con un porcentaje mínimo de actividad del 50%, ajustándose según la duración y extensión del conflicto.
Respuesta gremial y recurso a la Justicia
Los gremios aeronáuticos, liderados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), han expresado su rechazo rotundo a la medida. Pablo Biró, titular de APLA, aseguró que acudirán a la Justicia local, a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar la declaración de "servicio esencial". Biró calificó la medida como "ilegítima e ilegal" y defendió el derecho a huelga, señalando que solo puede ser limitado en situaciones extremas donde estén en riesgo bienes superiores como la vida o la salud.
"El conflicto se va a agravar. Dicen que hacemos paros salvajes y encubiertos, pero esa figura no existe. Un paro es un derecho de huelga, es el único medio legítimo para defender nuestros intereses, especialmente en reclamos de aumentos salariales", aseguró Biró en declaraciones a Radio Mitre.
El escenario se complica, ya que las posturas entre el Gobierno y los gremios parecen estar cada vez más distantes, lo que anticipa una escalada en el conflicto laboral y posibles nuevas medidas de fuerza.
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