El gobierno provincial de Santa Fe ha intensificado su ofensiva contra los gremios estatales, focalizando ahora su atención en la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el sindicato Luz y Fuerza. En un contexto marcado por la reducción de fondos nacionales y la presión por mejorar las finanzas locales, el Ejecutivo liderado por Maximiliano Pullaro busca reformar las políticas de contratación de la empresa eléctrica, argumentando que los cargos no deben ser “hereditarios” y apuntando a los “privilegios” que, según el gobierno, benefician al sindicato.
El secretario de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, validó la intención oficial de modificar el régimen de ingreso a la EPE. Según explicó, se ha solicitado a la dirección de la empresa que presente en los próximos 15 días un plan para adecuarse al “artículo 16 de la Constitución Nacional”, que establece que todos los habitantes son “iguales ante la ley” y admisibles en empleos públicos sin más condición que la idoneidad.
El pedido incluye la creación de un Plan Integral de Recursos Humanos enfocado en tres áreas: la capacitación del personal, la adquisición de elementos de seguridad y una nueva política de ingresos que elimine las prácticas de contratación por parentesco. Actualmente, las vacantes en la EPE suelen ser ocupadas por familiares de empleados o personas propuestas por el sindicato, algo que el gobierno busca erradicar.
Pullaro y su cruzada por la eficiencia
El gobernador Pullaro ha dejado clara su postura al afirmar que se debe “terminar con la joda y los privilegios” en las empresas públicas, una crítica que ya había lanzado contra el sindicato Obras Sanitarias en el caso de Aguas Santafesinas. Estas declaraciones se dan en un contexto de fuertes aumentos tarifarios y un verano que promete complicaciones en el suministro energético.
Por su parte, Gustavo Puccini, funcionario clave del gobierno, subrayó que el objetivo es que la EPE funcione “con criterios de eficiencia y eficacia”, asegurando que los futuros empleados deben ser seleccionados por su idoneidad y no por vínculos sindicales. “Deben ingresar los que estén mejor calificados, como ocurre en cualquier empresa privada”, señaló.
Sindicalistas bajan el tono, pero no ceden
El gremio Luz y Fuerza ha mantenido un perfil bajo en esta disputa, con su secretario general, Alberto Botto, abogando por el diálogo como la mejor forma de resolver los conflictos. “Somos un gremio de diálogo y compromiso, no nos merecemos estas descalificaciones públicas”, expresó Botto, quien espera una reunión con las autoridades para discutir los cambios propuestos.
El sindicato también emitió un comunicado en el que defendió que “no poseemos ningún tipo de privilegios” y resaltó que sus relaciones laborales están reguladas por el Convenio Colectivo de Trabajo. Además, remarcaron su compromiso con la capacitación y formación de sus afiliados.
A medida que se profundiza la tensión entre el gobierno y los sindicatos, queda por verse cómo afectarán estas reformas a las empresas públicas y si el clima de confrontación dará paso a soluciones acordadas.
