Una investigación en Tucumán sacó a la luz una presunta red de corrupción dentro de la Gendarmería Nacional, donde se acusa a varios de sus miembros de cobrar sobornos a los organizadores de tours de compras que transportaban mercadería de contrabando desde Bolivia hacia distintos puntos del país. La causa, liderada por el fiscal federal Agustín Chit, derivó en la detención de doce gendarmes y nueve civiles, quienes próximamente serán citados a indagatoria.
El fiscal Chit, quien actualmente subroga la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, contó con el apoyo de la auxiliar fiscal Julia Vitar y solicitó una serie de allanamientos en diversas provincias, como parte de una investigación que apunta a la participación de miembros del Escuadrón 55 de Gendarmería. Durante los operativos, se secuestraron más de $40 millones en efectivo, además de mercadería de contrabando como cigarrillos, ropa, neumáticos y celulares de alta gama. También se incautaron dos colectivos y vehículos que habrían servido para facilitar el contrabando.
Los gendarmes involucrados enfrentan cargos por asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Además, se ordenó la detención de otros gendarmes y civiles, la mayoría de ellos coordinadores de tours de compras, por su supuesta vinculación con esta red delictiva.
Operativos y colaboración interinstitucional
El equipo investigador, liderado por Chit, recibió el respaldo de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba. Esta colaboración permitió coordinar esfuerzos entre Tucumán y la provincia de Salta, donde se llevaba a cabo una investigación similar. El trabajo en conjunto incluyó la formación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), compartiendo información clave para desarticular la red de corrupción.
En total, se allanaron 21 domicilios y puestos de control en Tucumán, Catamarca y Salta, con la participación de casi 300 gendarmes, 27 unidades especiales y 45 vehículos. La logística permitió no solo la detención de los sospechosos, sino también el secuestro de grandes sumas de dinero y mercancías ilegales en poder de los coordinadores de tours y los gendarmes implicados.
Las técnicas especiales utilizadas en la investigación incluyeron interceptaciones de comunicaciones, seguimientos de vehículos con rastreadores, análisis financieros y la intervención de agentes reveladores digitales. Todo esto sirvió para destapar la magnitud de la organización criminal y su alcance en la región.
Los inicios de la investigación
La causa se abrió en febrero de 2024, tras varias denuncias que señalaban a gendarmes que patrullaban las rutas del norte argentino. Según las acusaciones, los sobornos eran exigidos a los organizadores de tours de compras que transportaban mercadería de contrabando desde Bolivia a distintas partes de Argentina. Algunas de las denuncias provinieron de los propios "bagayeros", quienes manifestaron ser víctimas de un cobro excesivo de coimas, mientras que otras fueron realizadas por miembros de Gendarmería que se negaron a participar en el esquema de corrupción.
El fiscal Chit contó con la colaboración de varias unidades de la Gendarmería para avanzar en la investigación. Entre estas se destacaron la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Tucumán, bajo la dirección del comandante Esteban Cayo; la Unidad de Inteligencia Criminal Tucumán (UNICRITUC), liderada por el comandante Gabriel Andruseszen; y la Oficina de Coordinación de las Unidades Técnicas del Comando Región IV de Gendarmería, a cargo del comandante mayor Rafael Sanabria.
Modus operandi: sobornos y coordinación previa
Las pesquisas permitieron identificar dos modalidades principales dentro de la organización delictiva. En primer lugar, se constató que algunos gendarmes exigían sobornos directamente en los puestos de control, permitiendo el paso de vehículos con mercadería ilegal a cambio de dinero en efectivo. Estos controles viales se encontraban principalmente en los corredores norte-sur del país.
En segundo lugar, se descubrió una coordinación previa entre gendarmes y organizadores de los tours de compras. A través de comunicaciones anticipadas, los coordinadores de los viajes eran informados sobre la ubicación y horarios de los controles, facilitando el paso de los vehículos sin ser requisados. A cambio, se realizaban pagos en efectivo para garantizar la operación.
Además del transporte de mercaderías de contrabando, las investigaciones sugieren que estas maniobras también pudieron haber facilitado el traslado de sustancias estupefacientes, lo que eleva aún más la gravedad del caso. Las indagatorias a los detenidos buscarán esclarecer este punto y determinar el alcance total de la red criminal.
