Andrés Bracamonte, conocido en el mundo del fútbol como Pillín, ha estado al mando de la barra brava de Rosario Central desde finales del siglo pasado, cuando asumió el liderazgo de uno de los siete sectores internos que dominaban el grupo. Durante estos 25 años al frente, Bracamonte ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo 29 intentos de asesinato que, según él mismo relata, ha esquivado con habilidad.
La última tentativa de asesinato ocurrió el pasado sábado. Bracamonte y su esposa se encontraban en su automóvil en la intersección de Drago y Avenida de los Trabajadores, cuando un motociclista se aproximó y disparó ocho veces contra el vehículo. A pesar de los disparos, Bracamonte solo sufrió una herida en la espalda, que no afectó ningún órgano vital, mientras que su esposa fue alcanzada en la zona costal derecha y en el codo derecho, pero también se encuentra fuera de peligro.
Bracamonte ha liderado la barra desde principios de este siglo, aunque algunos informes sugieren que su influencia se remonta a 1999. A lo largo de estos años, ha sido acusado, condenado, detenido y liberado en varias ocasiones, además de sobrevivir a numerosos ataques.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió en julio de 2002, cuando un desconocido le disparó tres veces frente a un gimnasio en Ovidio Lagos al 1000. Bracamonte fue alcanzado en el brazo y la pierna, sufriendo fracturas y una pérdida significativa de sangre.
En 2006, Bracamonte fue atacado frente a su casa en la zona norte, recibiendo cuatro balazos. Aunque sufrió heridas en el abdomen y las piernas, recibió el alta rápidamente. En febrero de este año, su residencia en Los Álamos Club de Campo fue baleada, y se dejó una nota amenazante.
Desde 2018, Pillín tiene prohibido el acceso a los estadios debido a su involucramiento en actividades violentas y a su detención previa por repartir entradas de protocolo de manera indebida. Además, en junio de 2010, fue deportado de Sudáfrica junto a otros barrabravas tras intentar ingresar al país durante el Mundial.
Bracamonte también ha tenido problemas legales significativos. En diciembre pasado, pasó una semana en prisión por una causa relacionada con la Uocra local, aunque recuperó su libertad antes de Navidad. Actualmente, enfrenta cargos por extorsión y está vinculado a una investigación por lavado de activos que surgió tras la incautación de un cheque en su vivienda. La Justicia ha decidido mantener el caso en el ámbito provincial tras una apelación.
