Más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según la Defensoría de la Tercera Edad, dirigida por Eugenio Semino. Este organismo estima que la canasta básica de un jubilado alcanza los 800.000 pesos mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de 225.497,54 pesos. Incluso con el bono adicional de 70.000 pesos, que eleva el ingreso a 295.000 pesos, esta cantidad sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
El presidente Javier Milei, en una reciente entrevista con Antonio Laje y en la Bolsa de Comercio de Rosario, afirmó que la reforma de las actualizaciones jubilatorias aprobada por el Congreso representa una deuda para el Estado de 370 mil millones de dólares, un cálculo que él describió como "a perpetuidad". Sin embargo, estos números, presentados sin contexto, contrastan fuertemente con la realidad que expone la Defensoría: una gran mayoría de los jubilados y pensionados necesita asistencia económica de sus familiares debido a la insuficiencia de sus ingresos.
La situación es particularmente grave para aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa solo el 80% de la jubilación mínima, y para el millón de personas con pensiones no contributivas, quienes perciben apenas 220.000 pesos mensuales.
Semino subraya que la situación económica precaria de los jubilados se refleja en la "malnutrición" que sufren, con entre un "80% y 90% de los mayores" enfrentando problemas de hipertensión o colesterol. La falta de recursos no solo impide que accedan a alimentos saludables, sino que también limita su capacidad para comprar medicamentos esenciales y cubrir servicios básicos como la calefacción, lo que resulta en un deterioro significativo de su calidad de vida.