A casi cinco meses de la explosión que desencadenó una nube tóxica en la planta de Atanor en San Nicolás, una nueva inspección realizada en las instalaciones de la empresa de agroquímicos reveló que, a pesar de estar inactiva, la planta sigue siendo un riesgo para la comunidad. Durante la visita, se encontraron residuos peligrosos sin rotular y se descubrió que una piscina de tratamiento de efluentes está ubicada a solo 70 metros de viviendas habitadas, cuando la distancia mínima recomendada debería superar el kilómetro.
La inspección fue liderada por la jueza penal Luciana Díaz Bancalari, quien está a cargo del caso relacionado con la explosión de marzo. Este incidente, sin embargo, es solo una parte de un conflicto judicial por contaminación que ya lleva dos décadas. A pesar de múltiples condenas previas, Atanor no ha cumplido con las medidas impuestas por la Justicia. Tras el desastre, la jueza impulsó la creación de la Mesa de Gestión Ambiental, un comité de expertos coordinado por Homero Máximo Bibiloni, especialista en derecho administrativo y ambiental y director de la Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante la inspección, se constataron irregularidades que podrían ser responsables de dos centenares de muertes en la comunidad y de un número indeterminado de enfermedades derivadas de la exposición prolongada a sustancias tóxicas.
Atanor, una historia de contaminación e incumplimientos
Atanor, fundada en 1938 en la provincia de Buenos Aires, pasó a manos del grupo estadounidense Albaugh en los años 90. Desde entonces, se convirtió en la única empresa en Latinoamérica que produce los tres herbicidas más utilizados: glifosato, fenoxidos y atrazina. Aunque su capacidad de producción ha sido reconocida por medios especializados como Bichos de Campo, organizaciones ecologistas como Greenpeace destacan los peligros que representan sus productos, especialmente la atrazina, un herbicida prohibido en la Unión Europea y en más de 40 países por su toxicidad. A pesar de esto, Atanor sigue siendo el principal productor de este químico en Argentina.
Además de su planta en San Nicolás, Atanor tiene instalaciones en Pilar, Buenos Aires, y en Río Tercero, Córdoba. Según Greenpeace, muestras tomadas en los alrededores de la planta de San Nicolás, así como en las paredes de viviendas cercanas, revelaron la presencia de atrazina en niveles peligrosos para la salud.
Actualmente, la empresa enfrenta dos fallos judiciales impulsados por el Foro Medio Ambiental de San Nicolás, que exigen un saneamiento ambiental y responsabilizan a Atanor por el daño irreparable al río Paraná. El agua que consume la mitad de la población de San Nicolás proviene del río, mientras que la otra mitad se extrae del acuífero Puelche, que se encuentra a una profundidad de entre 40 y 70 metros. Greenpeace y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires coinciden en que la contaminación de Atanor ha llegado hasta esas fuentes de agua.
Sin planes de remediación y con la producción paralizada
Desde la explosión, la producción en la planta de Atanor ha estado paralizada. La jueza Díaz Bancalari impuso una medida cautelar tras la denuncia de la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, lo que resultó en la clausura de la planta y la prohibición de la salida de camiones con residuos.
Aunque no se han presentado propuestas concretas para una remediación ambiental, la empresa ha lanzado un programa de retiros voluntarios para los 150 trabajadores que fueron suspendidos desde el 14 de mayo.
Durante la reciente inspección también estuvieron presentes abogados de la empresa, representantes de la organización demandante, peritos y funcionarios del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Municipalidad de San Nicolás.
