El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como un “Servicio Estratégico Esencial”, con el objetivo de asegurar 180 días de clases en las escuelas públicas de todo el país y evitar que los alumnos pierdan días de enseñanza debido a los paros docentes. La iniciativa obtuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones.
Este proyecto, que ahora se dirige al Senado para su debate, recibió el respaldo de bloques oficialistas y aliados, incluyendo La Libertad Avanza, PRO, UCR, y otros partidos. Sin embargo, fue rechazado por gran parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La propuesta busca garantizar el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo, declarando a la educación como un servicio esencial en todos los niveles y modalidades escolares. El proyecto establece que tanto el Estado Nacional como las provincias deberán implementar un sistema de guardias mínimas obligatorias en las instituciones educativas afectadas por paros o huelgas.
Entre los puntos destacados del proyecto, se establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días, deberá implementarse una guardia mínima del 30% de personal docente y no docente. Si la huelga dura más de tres días, la guardia deberá ser del 50%. Además, al inicio de cada ciclo lectivo, cada colegio deberá informar a las autoridades sobre el sistema de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.
Debate en el recinto
Durante el debate en la Cámara Baja, Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, afirmó que “este proyecto beneficia a toda la sociedad”, destacando que su principal objetivo es poner a los estudiantes en el centro del debate educativo. Finocchiaro enfatizó la necesidad de equilibrar el derecho a la educación con el derecho a huelga de los docentes.
Por otro lado, desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna criticó la iniciativa, señalando que “lo único que busca es regular el derecho de huelga”. Según Osuna, el verdadero problema radica en la "situación de hambre y de nutrición" que afecta a muchas regiones del país.
El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, defendió el proyecto afirmando que es “central” para garantizar la educación como un servicio estratégico esencial. En su intervención, destacó la importancia de priorizar el derecho de los niños a estudiar.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi afirmó que su bloque “defenderá la docencia y el derecho a la protesta”, y criticó a aquellos que buscan prohibir las huelgas, a los que responsabilizó de la falta de calidad educativa en el país.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos respaldó el proyecto, argumentando que es necesario garantizar el cumplimiento del calendario académico de 180 a 190 días de clases.
Perspectivas contrastadas
En tanto, otros legisladores como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, señalaron que la educación debe ser un “servicio estratégico esencial”, considerando que “hay un derecho superior, que es el de los niños y adolescentes”. Ferraro enfatizó la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan el rol central de los estudiantes en la sociedad.
Finalmente, el diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria reconoció que “si un alumno tiene más horas de clases, aprenderá más”, pero advirtió que “creer que esto se resuelve recortando el derecho a huelga es absurdo”. Arroyo subrayó que cualquier reforma educativa en Argentina debe incluir a los docentes, no excluirlos.
El proyecto continuará su debate en el Senado, donde se espera que se generen nuevos intercambios sobre el equilibrio entre los derechos de los docentes y el derecho de los estudiantes a recibir una educación completa.
