El Gobierno de Santa Fe ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la Nación, exigiendo el restablecimiento de los anticipos mensuales automáticos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) debía realizar a la Caja de Jubilaciones de los empleados estatales de la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro ha cuestionado la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que, de manera "inconsulta e intempestiva", suspendió estos pagos. Además, se solicita una medida cautelar para asegurar que se reanuden estas transferencias, las cuales se establecieron hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.
En la década de 1990, el gobierno nacional redujo los recursos coparticipables enviados a las provincias, asumiendo a cambio la administración de las cajas de jubilaciones provinciales. Sin embargo, algunas provincias, incluida Santa Fe, optaron por no transferir sus cajas, resultando afectadas por la reducción presupuestaria. Para equilibrar esta situación, se firmaron acuerdos que obligaban a la Nación a cubrir los déficits de las cajas no transferidas.
A pesar de estos acuerdos, el Gobierno Nacional ha incurrido en repetidos incumplimientos, generando una deuda con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe estimada en 700.000 millones de pesos. Esta cifra incluye pagos adeudados desde 2020, calculados bajo estimaciones de ejercicios anteriores, lo que ha generado un desacople con los valores actualizados.
El problema se agravó con el decreto 280/2024, que dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Estos artículos establecían que Ansés debía transferir mensualmente, antes del día 20, un anticipo equivalente a una doceava parte del déficit anual de cada sistema previsional, ajustado según el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
Jubilaciones provinciales en riesgo
La suspensión abrupta de estas transferencias ha generado una deuda acumulada de casi 70.000 millones de pesos desde enero hasta junio, detallada de la siguiente manera:
- Enero: $8.711.439.249
- Febrero: $8.711.439.249
- Marzo: $11.079.208.437
- Abril: $12.464.109.491
- Mayo: $13.847.625.645
- Junio: $15.070.370.989
"Para cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras," señala el recurso presentado ante la Corte. El documento también destaca que los montos requeridos para el presupuesto previsional aumentan cada mes, demandando cada vez más fondos públicos.
Según los últimos datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, entre ellos 76.425 jubilaciones y 23.931 pensiones, incluyendo empleados estatales, como policías, docentes, administrativos, y ex magistrados provinciales.
"La ausencia de fondos por ya medio año, sin previsión de restablecimiento, junto con el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, y el contexto de emergencia en la provincia, exigen una medida urgente para asegurar el pago de haberes a los jubilados," concluye el recurso presentado por la provincia ante la Corte Suprema.
