La Cámara Federal de Rosario ha decidido revocar la excarcelación de un ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Rosario, quien quedó implicado en una causa de narcocriminalidad asociada con la banda de Los Monos. Esta investigación, que comenzó hace más de dos años, ha desvelado un complejo entramado de corrupción y conexiones turbias entre narcotraficantes, fuerzas de seguridad, y funcionarios judiciales.
Entre los involucrados destaca Leandro "Pollo" Vinardi, un antiguo lugarteniente del clan Cantero, quien, a pesar de llevar una década en prisión, continuó operando desde la cárcel. La investigación llevada a cabo por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) identificó a Vinardi como uno de los principales actores de esta red, junto con Guillermo "Chupa" Sosa, gerente de la barra de Newell’s, quien asumió un rol central tras el asesinato de Nelson "Chivo" Saravia, otro figura vinculada al grupo.
Lo que comenzó como una investigación sobre el crimen de Saravia en 2022, llevó a descubrir un amplio entramado de "intercambios de favores" entre ex policías involucrados en causas de narcotráfico, un fiscal provincial, y el mencionado jefe de la AFI en Rosario. Este agente de inteligencia, según la acusación, proporcionaba cobertura a los narcotraficantes, utilizando su posición para entorpecer las investigaciones y proteger a los implicados.
La investigación se intensificó cuando la Fiscalía Federal allanó e interrogó a varios detenidos, incluyendo al ex policía Juan José Raffo, quien permanece prófugo. En un giro significativo, la Cámara Federal, compuesta por los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, revocó la excarcelación otorgada previamente al espía, destacando la "peligrosidad procesal" del agente, dada su vinculación con fuerzas de seguridad, narcotraficantes y la actual SIDE.
Un entramado complejo y peligroso
La Cámara Federal subrayó la "gravedad institucional extrema" que representa la posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico por parte de altas autoridades del Estado, como el Ministerio Público de la Acusación, fuerzas de seguridad, y servicios de inteligencia. Estos actores, según el fallo, tienen la responsabilidad crucial de prevenir, perseguir e investigar el narcotráfico, lo que hace aún más alarmante su implicación en actividades delictivas.
La investigación original, que comenzó hace dos años, se centró en un grupo que operaba en Granadero Baigorria y San Lorenzo, bajo el liderazgo de Ariel "Guille" Cantero. A medida que se desmantelaba esta organización, se descubrió que Vinardi, a pesar de estar en prisión, continuaba dirigiendo operaciones desde la cárcel con la ayuda de "Chupa" Sosa. Este último fue detenido en 2022 por el homicidio de "Chivo" Saravia, quien previamente había estado al frente del paravalanchas leproso bajo las órdenes de Guille Cantero.
Conexiones peligrosas
La investigación reveló que "Chupa" Sosa recibía asesoramiento y protección del ex policía Raffo, quien había sido condenado en 2018 por su participación en la banda de Los Monos. Raffo, además de brindar protección, se vinculó con otros actores, incluyendo a un agente de la AFI, y al fiscal provincial Mariano Ríos Artacho, quien terminó renunciando tras ser suspendido por la Legislatura debido a sus presuntas conexiones con el grupo criminal.
Un imputado arrepentido proporcionó a los fiscales detalles cruciales sobre cómo el grupo de Vinardi continuó operando después de las detenciones iniciales. Este testimonio, junto con otros informes anónimos, permitió desentrañar un complejo entramado en el que varios miembros de la comunidad gitana también desempeñaron roles clave. La operación, denominada "Romaní", involucró a personajes como Daniel Demetrio, Sandro Emilio Marco, y otros, quienes traficaban marihuana y cocaína en Rosario y sus alrededores.
El agente de inteligencia
Un dato especialmente preocupante de la investigación fue la implicación de un agente de inteligencia, quien presuntamente proporcionaba información y asistencia a los investigados. Este agente, según la Fiscalía, ocultó y destruyó información vinculada a la investigación, además de ayudar a Raffo a evadir medidas como seguimientos e intervenciones telefónicas.
El caso ha desvelado una alarmante colusión entre funcionarios del Estado y el crimen organizado, lo que ha llevado a la Justicia Federal a tomar medidas contundentes. La resolución de la Cámara Federal no solo revoca la excarcelación del agente de la AFI, sino que subraya la necesidad de una "mayor intensidad en la persecución penal" cuando se trata de actores estatales implicados en el narcotráfico.
