En una operación conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal, se llevaron a cabo 27 allanamientos este lunes en Buenos Aires como parte de una investigación sobre extorsión y coacción dirigida a beneficiarios de planes sociales. Las medidas judiciales se centran en dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, en respuesta a denuncias recibidas a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad.
La denuncia inicial, presentada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia, fue investigada por la Policía Federal Argentina y dio lugar a órdenes de allanamiento y citaciones para declaración indagatoria por parte de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Entre los acusados se encuentran miembros destacados de los movimientos mencionados, acusados de exigir la participación en marchas y manifestaciones públicas, así como la entrega de una porción del dinero asignado a los beneficiarios de planes sociales, bajo amenaza de dar de baja el plan.
Según la investigación, se registraron un total de 924 casos de extorsión y coacción. Los fondos obtenidos ilícitamente se canalizaron a través de cooperativas, y se solicita el levantamiento del secreto fiscal y bancario para determinar el destino final del dinero.
Además de los allanamientos, se ha señalado la necesidad de investigar la validez de los comedores y merenderos que reciben apoyo estatal, luego de que una auditoría revelara irregularidades en más del 50% de los establecimientos registrados. El Ministerio de Capital Humano ha presentado una denuncia penal, destacando la ausencia de control en el flujo de alimentos y señalando casos de comedores inexistentes, como uno ubicado en un barrio privado.
La denuncia sostiene que durante la gestión anterior hubo un "descontrol" del estado nacional respecto al flujo de alimentos.
El Gobierno ha anunciado cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude contra la Administración Pública en respuesta a estas irregularidades.
