El reciente aumento salarial aprobado por el Senado argentino ha desencadenado un intenso debate político en el país. La decisión, supervisada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha generado tensiones dentro del oficialismo, especialmente en relación con el discurso "anticasta" promovido por el Gobierno.
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El aumento ha planteado dos dilemas para el oficialismo: por un lado, mantener su postura de reducir los privilegios de la clase política; por otro, lidiar con las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, centradas en el presidente Javier Milei y su vicepresidenta. Aunque ambos líderes han evitado confrontaciones públicas, la controversia persiste en el seno del oficialismo.
En este contexto, el Gobierno ha optado por no responsabilizar públicamente a la vicepresidenta por la decisión del Senado, evitando así profundizar las tensiones internas. En su lugar, el foco se centra en avanzar en los proyectos legislativos necesarios para la gestión.
Además, el oficialismo busca evitar que el aumento salarial se aplique también en la Cámara de Diputados. Aunque el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ha declarado que no está en sus planes un incremento similar, algunos miembros del oficialismo reconocen que las cámaras tienen la facultad de tomar esa decisión, lo cual preocupa a Javier Milei.
Posicionamiento por bloque:
En la votación del aumento en el Senado, solo el oficialismo y los aliados dialoguistas se opusieron, mientras que el resto, a excepción de algunos ausentes, votó a favor. Entre los opositores se encuentran los senadores del Pro, los radicales y algunos bloques provinciales.
El jefe de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, expresó su desacuerdo con la medida, destacando que la política debe liderar sacrificios en tiempos difíciles.
Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez criticó duramente la decisión, calificándola de falta de empatía con la sociedad y cuestionando la falta de transparencia en el proceso.
El aumento salarial en el Senado ha generado controversia y tensiones políticas, mientras el oficialismo busca evitar su extensión a la Cámara de Diputados y gestionar las repercusiones internas en medio de un escenario político complejo.
