El gobierno llevará a las audiencias públicas del 29 de febrero próximo una propuesta para eliminar los subsidios estatales a la electricidad y el gas para propietarios de motos o autos con menos de cinco años de antigüedad, como parte de su estrategia de reducción del gasto público.
Según documentos publicados por la Secretaría de Energía, se plantea ampliar el criterio de exclusión, que anteriormente aplicaba a vehículos con menos de tres años de antigüedad, a aquellos con menos de cinco años.
La iniciativa busca presentar una nueva "Canasta Básica Energética" en las audiencias públicas, con el fin de mejorar la eficiencia y focalizar la asistencia del Estado a los hogares.
Bajo la segmentación actual, aquellos que posean tres o más vehículos con menos de cinco años de antigüedad serían catalogados como "Nivel 1" (ingresos altos) y perderían los subsidios. Otros criterios patrimoniales, como la propiedad de aeronaves, embarcaciones o múltiples inmuebles, también implicarían la pérdida de subsidios.
El gobierno se compromete a subsidiar la diferencia para los hogares que destinen más del 10% de sus ingresos a pagar la electricidad y el gas, en un intento por abordar la "pobreza energética".
Para validar la información de los usuarios que soliciten subsidios, se cruzarán múltiples bases de datos, incluyendo información sobre ingresos, propiedades, beneficios sociales y discapacidades.
Se espera que la nueva canasta básica energética se implemente en mayo, con una reducción estimada de los subsidios entre 2.500 y 3.000 millones de dólares este año, equivalente al 1,6% del PIB.
El gobierno confía en que la producción interna de energía, la caída de precios internacionales del gas y la electricidad generada por las lluvias mitigarán la necesidad de recortes adicionales sobre los usuarios.
La segmentación energética ha sido objeto de discusión desde 2012, con el objetivo de focalizar los subsidios en un contexto de déficits gemelos y restricciones cambiarias.
En el ámbito nacional, se estima que el 67% de los usuarios de la red eléctrica recibe ayuda estatal para pagar los precios mayoristas de la energía eléctrica.
