La última prórroga del congelamiento de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), establecida por el expresidente Alberto Fernández en julio de 2021, está por expirar este jueves.
Tras el retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus y las recientes declaraciones sobre la necesidad de realizar más ajustes para alcanzar la meta de déficit cero, el Gobierno nacional está considerando no renovar la disposición que extendió el congelamiento hasta el 1 de febrero.
Estos impuestos, creados en 1998 para financiar fondos de viviendas e infraestructura en todo el país, deberían actualizarse cada tres meses según la variación del índice de precios al consumidor acumulada en el trimestre anterior. Si el Gobierno decide no renovar la prórroga, los cálculos de los expendedores sugieren un posible aumento en los surtidores de entre un 11% y un 14%, mientras que algunos estiman hasta un 25%.
Ricardo Bértola, tesorero de la Cámara de Combustibles de Santa Fe, señaló que este aumento reflejaría el retraso acumulado en el precio del combustible. A principios de este año, los combustibles ya habían experimentado un aumento del 27%, después de incrementos del 30% y 37% en diciembre de 2023.
Si los impuestos recuperan todo el atraso desde 2021, según la consultora Economía & Energía, podrían aumentar hasta un 377%, lo que se traduciría en un incremento en el precio de las naftas y el gasoil. Patricia Charvay, economista, explicó que esto equivaldría a una subida promedio del 8%.
Las estimaciones de las empresas refinadoras sugieren que, ajustando los impuestos según la inflación de los últimos 10 trimestres, la nafta podría aumentar 95 pesos y el gasoil 65, resultando en un aumento promedio del 11%.
La Secretaría de Energía ha admitido que están analizando la situación y que el tema está siendo estudiado en el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, quien ya anunció que los ajustes irán por otros rumbos tras el retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus.
