En el marco de la "Ley Ómnibus" propuesta por el Ejecutivo y enviada al Congreso de la Nación, se establecieron modificaciones significativas en las retenciones a las exportaciones. Aunque la tasa estándar se fija en un 15%, existen excepciones para diversas actividades económicas, destacando un aumento para el sector sojero.
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Los subproductos de la soja, que antes tributaban el 31%, pagarán una alícuota del 33%. (Reuters)
A continuación, se detallan las tasas de retención para cada actividad:
Subproductos de la soja: 33% (mientras que el grano de soja seguirá pagando el 33%)
Complejo vitivinícola: 8%
Aceite esencial de limón: 8%
Hidrocarburos: 8%
Oro y plata: 8%
Resto de la minería: 4.5%
Economías regionales (olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, etc.): 0%
Resto de los productos (incluidas las exportaciones industriales): 15%
Es importante destacar que el Gobierno retiene la facultad de ajustar estas tasas por decreto hasta el final del mandato de Javier Milei en diciembre de 2027, una disposición que podría generar debate y críticas por parte de la dirigencia agropecuaria.
En específico, las economías regionales, como los complejos olivícola, arrocero, lácteo, entre otros, gozarán de una retención del 0%, respondiendo así a las demandas de este sector.
Por otro lado, el artículo 207 delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de modificar las alícuotas de los derechos de exportación, con un límite máximo del 15%, previo informe técnico del Ministerio de Economía. Esta disposición ha generado cierta controversia, ya que tradicionalmente las retenciones han sido una prerrogativa del Congreso, según la Constitución Nacional.
En relación con los frigoríficos, la ley regula la habilitación y funcionamiento de estos establecimientos a nivel nacional, estableciendo requisitos uniformes de construcción, ingeniería sanitaria, aspectos higiénicos y ambientales. Esto responde a una demanda histórica de los frigoríficos exportadores de carne vacuna, que buscaban un estándar sanitario unificado en todo el país.
Las modificaciones en las retenciones buscan equilibrar la carga impositiva y estimular el desarrollo de sectores específicos, aunque la delegación de facultades al Poder Ejecutivo podría generar discusiones en el ámbito legislativo.
