El Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma las audiencias con testimonios clave del entorno íntimo del niño desaparecido en 2024, en medio de denuncias por maniobras destinadas a instalar la hipótesis de un siniestro vial.
La investigación judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña entra en una etapa de definiciones institucionales en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad de Corrientes. En la nueva ronda de audiencias debates convocada para este jueves, el tribunal prevé tomar declaración testimonial a cinco familiares directos del niño de cinco años, de quien se perdió el rastro el 13 de junio de 2024 en el paraje rural Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio. El foco de los magistrados y de las querellas está puesto en reconstruir las horas posteriores a la desaparición y evaluar las denuncias sobre presuntas presiones para instalar de manera forzada la hipótesis de un accidente de tránsito.
El proceso penal, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, busca esclarecer las contradicciones detectadas en los testimonios iniciales del círculo cercano que participó del almuerzo en la casa de la abuela del menor, Catalina Peña. Los fiscales federales centran sus preguntas en determinar si existió una coordinación deliberada para entorpecer los rastrillajes iniciales y si el hallazgo de un botín perteneciente al menor en un lodo cercano fue plantado por los imputados con el propósito de dirigir las tareas de rescate hacia una zona errónea.
Las presiones para instalar la hipótesis del accidente vial
Uno de los ejes más complejos que rodea al juicio oral es la denuncia sobre maniobras coordinadas desde esferas de poder local para clausurar la línea de investigación vinculada a la trata de personas. Durante las primeras semanas posteriores a la desaparición, diversos actores vinculados a las defensas y a la policía de Corrientes intentaron posicionar la versión de que el niño había sido atropellado por la camioneta que conducían el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, ambos actualmente procesados y detenidos en complejos penitenciarios federales.
Las declaraciones de los peritos y de los propios familiares ante los jueces del tribunal sugieren que existieron ofrecimientos económicos y amenazas solapadas para que algunos de los asistentes al almuerzo convalidaran el relato del siniestro vial. Esta hipótesis, que cobró fuerza temporal tras las polémicas declaraciones televisivas de Laudelina Peña, tía del menor, fue perdiendo sustento técnico luego de que las pericias accidentológicas realizadas sobre el vehículo oficial no arrojaran rastros hematológicos ni deformaciones compatibles con un impacto contra un cuerpo humano de la contextura del niño.
"Intentaron por todos los medios cerrar el caso como una tragedia vial para evitar que se profundizara en la red de complicidades que permitió la salida del chico de la provincia", señalaron fuentes vinculadas a la querella unificada de la familia. La sospecha de los abogados que representan a los padres de Loan es que la versión del accidente formó parte de un plan de contingencia diseñado de manera apresurada cuando el caso adquirió relevancia en los principales medios de comunicación nacionales, forzando la intervención de las fuerzas federales y desplazando a la policía provincial de la instrucción del expediente.
Las irregularidades detrás del hallazgo del botín en el lodazal
El segundo punto de quiebre en la reconstrucción del caso está vinculado al hallazgo del calzado de Loan, un elemento que en los primeros días del operativo civil fue presentado como una prueba inequívoca de que el menor se había perdido por sus propios medios en el espeso monte correntino. El calzado fue localizado en un sector de difícil acceso, cubierto de barro denso, a una distancia que los especialistas en infantería consideraron inverosímil para que un niño de cinco años pudiera recorrer en las condiciones climáticas y geográficas de esa tarde de junio.
La investigación posterior determinó que el comisario local, Walter Maciel, también imputado en la causa por encubrimiento agravado, ordenó preservar la zona de una manera deficiente y demoró el ingreso de los equipos de canes adiestrados en la búsqueda de personas vivas. Los testimonios de los baqueanos que participaron activamente en los rastrillajes civiles revelaron ante los fiscales que el terreno donde apareció el calzado ya había sido transitado previamente sin que se detectara ningún objeto, lo que refuerza la teoría fiscal de que el elemento fue depositado intencionalmente en una etapa posterior del día para desviar la atención de los peritos de las rutas de escape vehiculares.
El análisis de las llamadas telefónicas entrantes y salientes de los principales sospechosos durante la tarde del 13 de junio muestra un volumen inusual de comunicaciones que coinciden temporalmente con el momento en que se produjo la alerta por la supuesta pérdida del niño. Para los investigadores de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), estas comunicaciones telefónicas configuran la prueba de una logística coordinada que incluyó la colocación de pistas falsas en el terreno para ganar tiempo y facilitar el traslado de la víctima fuera de los límites de la jurisdicción de 9 de Julio.
El impacto institucional y social de las jornadas de debate en Corrientes
El desarrollo del juicio oral en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional genera una fuerte repercusión en la comunidad de Corrientes, que se ha movilizado de manera constante frente a las dependencias judiciales para exigir el esclarecimiento definitivo del paradero del menor. Las jornadas de debate exponen las profundas fallas de coordinación institucional entre la justicia provincial y los fueros federales durante las primeras 48 horas críticas del caso, un período en el que no se activaron de manera correcta los protocolos internacionales de alerta temprana para la desaparición de menores.
La resolución de este caso es evaluada por los especialistas en derecho penal como un test fundamental para la eficacia del Sistema de Alerta Sofía en el norte del país. La falta de registros unificados en los pasos fronterizos cercanos con el Paraguay y la permeabilidad de las rutas provinciales son factores de vulnerabilidad estructural que quedaron en evidencia a lo largo de las audiencias, forzando a los legisladores nacionales a proponer reformas en las normativas penales vinculadas al robo y sustracción de menores.
A medida que se completan las declaraciones de los familiares previstos para la jornada de este jueves, el tribunal se encamina a ingresar en la fase de alegatos técnicos de los peritos informáticos que analizaron las celdas de activación de los teléfonos celulares. Los resultados de estas pericias tecnológicas serán determinantes para convalidar o descartar de forma definitiva las coartadas de los acusados, en un proceso judicial donde la verdad material sigue disputándose entre las pistas plantadas en el barro correntino y las llamadas cruzadas de quienes debían proteger al menor.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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