Procesaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón y le fijaron un embargo de 5 millones

La Justicia dictó el procesamiento del dirigente social por su participación en la ocupación de la sede del instituto en 2024; el juez interviniente trabó un embargo millonario sobre sus bienes por los daños ocasionados.

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este sábado el procesamiento de Juan Grabois en el marco de la causa que investiga la toma del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, ocurrida durante el segundo semestre de 2024. El magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 4 ratificó la medida tras considerar que existen pruebas suficientes que vinculan al referente de los movimientos sociales con la organización y ejecución de la irrupción violenta en la institución, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

La resolución judicial, que lleva la firma de los jueces de alzada, no solo ratifica la imputación por el delito de usurpación y daño agravado, sino que impone un embargo preventivo sobre los bienes del dirigente por la suma de 5 millones de pesos. Esta cifra fue calculada por el juzgado para cubrir los costos de reparación edilicia y los gastos derivados de las tareas de limpieza y restauración que debió afrontar el Estado nacional tras el desalojo de los ocupantes, quienes permanecieron en el edificio durante 72 horas.

El sustento probatorio del procesamiento judicial

El fallo judicial se fundamenta en un compendio de elementos probatorios que incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal administrativo del instituto y comunicaciones interceptadas durante el operativo de desalojo. Según detalla el escrito del magistrado, Grabois no solo habría estado presente en el lugar durante la ocupación, sino que habría ejercido un rol de liderazgo en las negociaciones iniciales con las fuerzas de seguridad, intentando dilatar el procedimiento de restitución del inmueble bajo argumentos de protesta social legítima.

La defensa del dirigente social había intentado, en etapas anteriores del expediente, desvincularlo de la autoría material de los destrozos alegando que su presencia en el predio se limitaba a una función de mediador entre las autoridades y los integrantes del movimiento que él lidera. Sin embargo, la Cámara desestimó este planteo al determinar que la planificación de la toma presentaba características de una acción concertada, donde el imputado ostentaba una posición de mando capaz de impartir órdenes sobre el grupo que ocupaba las instalaciones.

Antecedentes y consecuencias de la medida

La toma del Instituto Perón ocurrió en un contexto de alta conflictividad social durante la segunda mitad de 2024, periodo marcado por diversas movilizaciones contra las políticas económicas del Gobierno nacional. En aquel momento, la ocupación del edificio que resguarda gran parte de la memoria documental del peronismo histórico generó un fuerte rechazo tanto en los sectores del arco político opositor como en los propios integrantes de la comunidad académica y cultural, quienes denunciaron la vulneración de un espacio dedicado a la preservación histórica.

El embargo fijado en 5 millones de pesos busca, según el criterio del magistrado, asegurar la reparación del daño patrimonial causado al erario público. La fiscalía interviniente logró acreditar que, durante las 72 horas que duró la toma, se produjeron daños en mobiliario antiguo, la destrucción de sistemas de seguridad y la pérdida de diversos registros documentales que, si bien no eran los archivos principales, formaban parte de la infraestructura operativa cotidiana del instituto. Esta decisión judicial se alinea con la tendencia actual de los tribunales federales de responsabilizar a los dirigentes de las organizaciones sociales por los daños colaterales que ocurren en el marco de las medidas de fuerza.

La repercusión política y el futuro del expediente

La confirmación del procesamiento de Grabois ha generado una inmediata reacción en el espectro político local. Desde el oficialismo nacional celebraron el fallo, utilizándolo como un ejemplo del accionar de la justicia para poner límites a lo que denominan "la industria de la toma", mientras que desde los sectores cercanos al dirigente social denunciaron una presunta persecución judicial con fines electorales, buscando desgastar la figura de uno de los principales opositores a la gestión vigente.

Más allá de las lecturas políticas, el expediente judicial ahora entra en una etapa de definición de cara al juicio oral. El magistrado ha dado por concluida la fase de instrucción y el caso se encuentra en condiciones de ser elevado a sorteo ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En este juicio, Grabois deberá responder por los cargos que se le imputan, enfrentando una posible condena que, de resultar efectiva, podría sentar un precedente significativo para futuras causas que involucren ocupaciones de edificios públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La estrategia de los abogados de Grabois se centrará ahora en presentar recursos extraordinarios para intentar revertir el procesamiento antes de que la causa llegue a la instancia de debate oral. No obstante, la firmeza con la que ha actuado la Cámara Federal sugiere que el Poder Judicial mantiene una postura rigurosa respecto de la aplicación del Código Penal en los casos de usurpación de inmuebles estatales, priorizando el derecho a la propiedad pública y la preservación de los bienes de interés cultural por encima de las reivindicaciones de las agrupaciones políticas y sociales.