El gobernador de Santa Cruz apuntó contra los jefes comunales que trabaron el proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares y advirtió sobre las dificultades financieras que enfrentan los municipios para pagar los sueldos y el medio aguinaldo.
La pulseada política en Santa Cruz alcanzó su punto más crítico. El gobernador Claudio Vidal salió a cruzar con dureza a un grupo de intendentes y legisladores opositores tras el fracaso legislativo de la Ley de Financiamiento Estratégico, una iniciativa clave con la que el Ejecutivo provincial buscaba contraer deuda externa por hasta 600 millones de dólares.
El conflicto escaló luego de que el oficialismo no lograra reunir la mayoría especial de dos tercios necesaria para aprobar el proyecto, lo que obligó a que la iniciativa regresara a las comisiones parlamentarias. El Ejecutivo santacruceño requería el voto afirmativo de 16 de los 24 legisladores de la Legislatura provincial, pero la resistencia unificada del peronismo y la fractura interna del propio frente gobernante, "Por Santa Cruz", frustraron los planes del mandatario provincial.
Ajuste salarial y la presión por los aguinaldos
La discusión técnica por el endeudamiento se trasladó rápidamente a la gestión diaria de las localidades del interior de la provincia. Con el vencimiento del medio Sueldo Anual Complementario (SAC), las finanzas municipales quedaron expuestas, lo que obligó al Ministerio de Economía que conduce Diego Verbes a evaluar mecanismos de asistencia de emergencia para garantizar la paz social.
Vidal fue contundente al marcar las asimetrías de la discusión política: "Están pensando en las elecciones de octubre de 2027. En el medio está el pueblo, que necesita respuestas, empleo e infraestructura", sostuvo el gobernador. Asimismo, recalcó que las administraciones locales reciben en tiempo y forma los fondos correspondientes a la coparticipación provincial, pero que muchas de ellas requieren sistemáticamente aportes extraordinarios no reintegrables del Tesoro para cubrir sus déficits estructurales.
Desde el Palacio de Gobierno de Río Gallegos enfatizaron que aquellos sectores que hoy ponen obstáculos normativos fueron los mismos que acompañaron diferentes esquemas de endeudamiento público durante los más de treinta años de gestiones kirchneristas en la provincia. La estrategia del oficialismo contemplaba utilizar el financiamiento externo en moneda extranjera exclusivamente para obras de infraestructura y desarrollo energético, liberando de este modo recursos corrientes para sostener la pauta salarial de la administración pública y de las fuerzas de seguridad locales.
La reconfiguración del mapa político santacruceño
El rechazo a la toma de crédito internacional no solo significó un revés parlamentario para el Poder Ejecutivo, sino que aceleró un reordenamiento del escenario político provincial. Un documento conjunto firmado por jefes comunales del peronismo tradicional, entre los que destacan Pablo Grasso (Río Gallegos) y Javier Belloni (El Calafate), sumó el respaldo de referentes que formaban parte de la coalición que llevó a Vidal a la gobernación en 2023.
La postura crítica sumó voluntades del espacio Movere, liderado por el senador nacional José María Carambia, lo que expuso la pérdida de la mayoría automática que el gobernador ostentaba en el inicio de su mandato. Entre los principales argumentos esgrimidos por el bloque opositor para fundamentar el rechazo se encuentran el riesgo de comprometer las regalías petroleras y mineras en moneda extranjera, y la inclusión de cláusulas que contemplan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales ante eventuales litigios financieros.
Un escenario de conflicto social persistente
La falta de una herramienta de financiamiento internacional coincide con un frente social complejo en la capital provincial, agravado por las bajas temperaturas invernales. Sectores de policías retirados y organizaciones gremiales mantuvieron protestas en demanda de mejoras en los haberes básicos, considerando insuficientes las propuestas de incremento salarial otorgadas por decreto por las autoridades del Ministerio de Seguridad.
Ante este panorama, el gobernador Claudio Vidal denunció la existencia de maniobras de desestabilización por parte de los sectores desplazados del poder.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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