El presidente boliviano ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para despejar las rutas tras siete semanas de protestas, ignorando el pacto con la central obrera ante la resistencia de los sectores campesinos.
La crisis política y social en Bolivia sumó un capítulo de máxima incertidumbre. El presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, dispuso la aplicación del estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de liberar las carreteras del país, que permanecen bloqueadas por sectores radicales.
La decisión presidencial habilita el despliegue inmediato de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los puntos estratégicos de la red vial. A través de este decreto extraordinario, el Gobierno boliviano busca normalizar el abastecimiento de productos básicos de manera urgente, prohibiendo estrictamente la interrupción de las vías de comunicación, el uso de armamento, explosivos o cualquier elemento violento en los caminos.
Desabastecimiento, pérdidas millonarias y la fractura de las bases civiles
El trasfondo de la determinación oficial radica en el severo impacto que el conflicto generó en la estructura civil y productiva del país durante los últimos 50 días. El bloqueo sistemático de las principales conexiones terrestres derivó en una aguda escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, afectando principalmente a los centros urbanos de La Paz y Cochabamba, y forzando a regiones periféricas como Beni a evaluar la declaración de emergencia humanitaria.
Las consecuencias de las siete semanas de parálisis ya se miden en variables críticas. De acuerdo con los balances preliminares presentados por los ministerios del área económica, las pérdidas financieras acumuladas superan los 3.000 millones de dólares, pulverizando el ritmo comercial de la temporada. En el plano social, las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos 16 personas en el marco de las protestas, detallando que 13 de las víctimas fatales perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo por la obstrucción de las rutas.
A pesar de que el Palacio Quemado logró sellar un documento de entendimiento con el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tras extensas jornadas de negociación que contemplaban plazos de cumplimiento de hasta 90 días, la tregua nació herida. Diversas organizaciones tradicionales, entre las que destaca la Federación de Campesinos de La Paz "Túpac Katari" y agrupaciones alineadas con el expresidente Evo Morales, desconocieron de forma inmediata el pacto sindical y ratificaron la continuidad de los cortes, exigiendo la renuncia indeclinable del jefe de Estado.
Un mensaje de firmeza institucional ante denuncias de desestabilización
Al momento de justificar la puesta en vigencia del estado de excepción, Rodrigo Paz optó por un discurso de fuerte confrontación hacia los núcleos duros que sostienen los piquetes. El mandatario aseguró que la medida busca resguardar las libertades individuales de los ciudadanos y el desarrollo de las actividades económicas esenciales, argumentando que la sociedad civil no puede quedar atrapada en disputas políticas de carácter faccioso.
"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país.
El presidente endureció el tono de la denuncia oficial al enmarcar las acciones de los grupos campesinos e indígenas rebeldes dentro de una estrategia organizada de desestabilización institucional y civil. Durante su exposición ante los medios locales, el titular del Ejecutivo boliviano afirmó que su administración se encuentra enfrentando "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo", vinculando de forma directa la persistencia de las medidas de fuerza en las rutas con intereses delictivos complejos.
Escenario abierto y resistencia civil en las primeras horas del decreto
La implementación del decreto presidencial abrió un panorama de alta volatilidad en las diferentes regiones geográficas de Bolivia. Los primeros relevamientos realizados por las fuerzas de seguridad durante la mañana posterior al anuncio indicaron la persistencia de al menos 44 puntos de bloqueo activos en toda la geografía del país, lo que anticipa un escenario de inevitables rozamientos tácticos en el momento en que las columnas militares y policiales inicien los operativos de despeje de la calzada.
Mientras el alto mando militar —ratificado en sus funciones estratégicas mediante un decreto presidencial complementario— ultima los detalles logísticos para la movilización de las tropas hacia los sectores más conflictivos del altiplano y del oriente boliviano, los líderes de las facciones campesinas radicalizadas comenzaron a reforzar las barricadas con escombros y fogatas. La determinación del Gobierno central de aplicar "todo el peso de la ley" coexiste con una declaración formal de mantener abiertas las vías de diálogo formal para aquellos sectores que depongan las actitudes de fuerza, configurando un delicado equilibrio que pondrá a prueba la gobernabilidad de la gestión de Rodrigo Paz en las próximas horas.
De acuerdo con información difundida por: France 24
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