La fiscalía entrerriana citó a tres de los máximos referentes del peronismo provincial en el marco de la investigación penal por el millonario desvío de fondos públicos de la Legislatura.
La megacausa que investiga la mayor red de corrupción de la historia democrática de Entre Ríos ingresó en una fase de definiciones políticas e institucionales de alto impacto. El Ministerio Público Fiscal citó a prestar declaración indagatoria al exgobernador Sergio Urribarri y a los exvicegobernadores Adán Bahl y José Eduardo Lauritto. La medida judicial busca determinar la responsabilidad directa de la conducción política en la estructura que desvió millones de pesos a través de contrataciones simuladas en la Legislatura provincial.
La resolución, firmada por los fiscales que coordinan el expediente, marca un punto de inflexión en la investigación que comenzó en 2018. La Justicia entrerriana apunta a dilucidar si los máximos responsables de las cámaras legislativas durante el período investigado tenían conocimiento, autorizaron o formaron parte del engranaje administrativo que permitió el cobro de cientos de contratos apócrifos a personas que no prestaban servicios en el Estado.
Los fundamentos de las citaciones y el rol de las presidencias legislativas
La citación de la Justicia entrerriana se fundamenta en la posición de máxima autoridad que los tres dirigentes ocuparon en las cámaras de Diputados y de Senadores. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, una estructura de desvío de fondos de tal envergadura, sostenida a lo largo de una década, no pudo haber funcionado sin la participación por acción u omisión de quienes tenían la firma final para autorizar los presupuestos y las contrataciones de personal de bloque.
Los fiscales especializados en delitos de corrupción recopilaron un exhaustivo volumen de pruebas documentales que vinculan las órdenes de pago con las resoluciones internas firmadas durante las gestiones de los sospechosos. La investigación penal preparatoria busca que los exfuncionarios expliquen los mecanismos de control que se aplicaban sobre los legajos del personal y las razones por las cuales se emitían cheques oficiales que luego eran cobrados en ventanillas bancarias por un grupo reducido de recaudadores marginales.
La defensa técnica de los dirigentes peronistas comenzó a delinear las primeras estrategias ante las notificaciones judiciales. Allegados a los exvicegobernadores argumentan que las funciones administrativas estaban delegadas en secretarios de la planta política y que los presidentes de las cámaras no intervenían en el día a día de las liquidaciones de haberes, intentando desligar la responsabilidad penal objetiva de las máximas figuras institucionales del período bajo la lupa judicial.
El mecanismo del fraude y el impacto financiero en el erario público
La causa judicial, que ya cuenta con una primera condena firme para los eslabones operativos de la organización, desnudó un sistema aceitado de recaudación ilegal. El modus operandi consistía en la utilización de identidades de personas de sectores vulnerables a quienes se les ofrecía un contrato legislativo falso. A cambio de prestar su nombre y firmar la documentación, los supuestos empleados recibían una asignación mínima o la cobertura de una obra social, mientras que el resto del dinero retornaba a los organizadores.
"El dinero no llegaba nunca a los supuestos prestadores de servicios, sino que se concentraba en mochilas y bolsos que luego se distribuían en cuevas financieras o propiedades particulares", señalaron fuentes vinculadas a las peritajes contables del caso. La magnitud del fraude generó un perjuicio económico que, actualizado por inflación y según las estimaciones periciales del Superior Tribunal de Justicia, supera los 50 millones de dólares desviados entre los años 2008 y 2018 de los presupuestos estatales.
El quiebre de la organización se produjo de manera fortuita en septiembre de 2018, cuando una agente policial apostada en un cajero automático del Banco de Entre Ríos en Paraná observó a un hombre retirar sumas millonarias utilizando decenas de tarjetas de débito diferentes. Ese procedimiento derivó en el arresto de Flavia Beckman y Hugo Mena, considerados los jefes operativos de la banda de recaudadores, y abrió la caja de Pandora que salpicó de forma directa a la cúpula del poder político provincial.
Las consecuencias políticas de las indagatorias en la provincia
El llamado a indagatoria de Sergio Urribarri, Adán Bahl y José Eduardo Lauritto altera de forma significativa el mapa político de Entre Ríos. Se trata de figuras de peso histórico indiscutible dentro del Partido Justicialista de la provincia. Urribarri ya cuenta con una condena previa por delitos contra la administración pública en otra causa de desvío de fondos publicitarios, mientras que Bahl viene de ser el último candidato a gobernador del espacio y Lauritto ejerce actualmente la intendencia de la ciudad de Concepción del Uruguay.
La situación del actual intendente de Concepción del Uruguay es la que genera mayor tensión institucional inmediata, dado que se encuentra en pleno ejercicio de una función ejecutiva relevante. Sectores de la oposición legislativa provincial comenzaron a evaluar la posibilidad de solicitar informes y activar los mecanismos de control previstos en las cartas orgánicas municipales en caso de que la situación procesal de Lauritto empeore tras su declaración ante el juez de garantías.
El avance de este expediente judicial representa un desafío institucional para el sistema político de Entre Ríos en su conjunto. Las citaciones judiciales exponen la necesidad de revisar los marcos normativos que rigen el financiamiento de los partidos políticos y la transparencia en las contrataciones de los cuerpos legislativos, en un proceso penal que promete reconfigurar las relaciones de poder y los niveles de control sobre el gasto público en la región mesopotámica durante los próximos meses.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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