La jefa de la bancada oficialista en el Senado intenta postergar la sesión especial y exige una mayoría de dos tercios para bloquear la ofensiva del peronismo contra el jefe de Gabinete.
La Cámara de Senadores se convirtió en el escenario de una fuerte pulseada política que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El conflicto se profundizó tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el ministro coordinador, vinculadas a inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas de bienes.
El cambio de estrategia oficialista en Labor Parlamentaria
La conducción de La Libertad Avanza en la Cámara alta decidió recalibrar su postura tras haber aceptado, en primera instancia, que la votación del pedido se llevara a cabo el próximo 25 de junio. Ante el riesgo inminente de perder la votación por mayoría simple, Bullrich solicitó formalmente una nueva reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de modificar los términos del acta firmada por los presidentes de las distintas bancadas.
La jefa del oficialismo argumenta ahora que, para avanzar con una iniciativa de estas características sobre tablas, se requiere el aval de los dos tercios de los senadores presentes y no una mayoría absoluta. Esta maniobra técnica busca elevar la vara numérica y bloquear la embestida opositora, lo que provocó una inmediata reacción de rechazo en los sectores que impulsan la medida.
"Consideramos que se debe respetar el reglamento general de la Cámara y las exigencias que corresponden a este tipo de convocatorias extraordinarias", argumentaron voceros del oficialismo al justificar la necesidad de revisar los consensos alcanzados 24 horas antes. Con este movimiento, el Gobierno nacional busca ganar tiempo extra mientras intenta reordenar sus filas y asegurar el respaldo de los bloques aliados.
Las negociaciones con el radicalismo y las fuerzas provinciales
El margen de maniobra de la bancada oficialista depende de manera directa del comportamiento que adopten el PRO, la Unión Cívica Radical y las representaciones provinciales. Aunque en los despachos oficiales confían en consolidar un frente de rechazo junto a los senadores del partido amarillo, la postura de la UCR y de fuerzas independientes se mantiene bajo un estricto hermetismo.
Desde los sectores dialoguistas aclararon que los contactos mantenidos hasta el momento revisten un carácter estrictamente informal y que no existe un acuerdo político sellado para blindar al funcionario. Voceros de estos espacios advirtieron que la paciencia parlamentaria tiene límites y que solo aceptarían postergar la discusión por el término de una semana, bajo la condición de que la Casa Rosada ofrezca aclaraciones definitivas sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
La interna gubernamental también añade complejidad al cuadro de situación en el Congreso. La propia Bullrich había manifestado públicamente días atrás la necesidad de que Adorni presentara su declaración jurada rectificada de manera inmediata para destrabar el funcionamiento institucional, desmarcándose de la defensa irrestricta que mantiene el presidente Javier Milei sobre su colaborador más cercano.
Un escenario judicial que paraliza la agenda del Congreso
La parálisis de la actividad legislativa en el Senado se vincula directamente con el impacto político que generó la investigación sobre los activos financieros de Adorni. El funcionario reconoció haber omitido de sus presentaciones formales ante la Oficina Anticorrupción una cifra cercana al medio millón de dólares, un hecho que la oposición calificó como inadmisible para el ejercicio de la función pública.
El bloque de Unión por la Patria cuenta actualmente con 25 bancas propias y aspira a sumar voluntades de legisladores provinciales para alcanzar un piso de 34 voluntades, un número que los coloca muy cerca de la mayoría necesaria pero que resulta insuficiente frente a la exigencia de los dos tercios que plantea el oficialismo. La definición final quedará en manos de los senadores que responden a los gobernadores, quienes evalúan el costo político de acompañar o rechazar la medida.
El avance de una eventual moción de censura requiere de la convalidación consecutiva de ambas cámaras del Congreso, un procedimiento complejo que exige 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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