El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) productoras de biocombustibles de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires se declaró en estado de alerta tras conocerse una propuesta legislativa impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según los referentes de la industria, la iniciativa promueve una desregulación extrema del mercado que dejaría el abastecimiento de los cortes obligatorios en manos de las grandes empresas exportadoras y las corporaciones petroleras, lo que provocaría el cierre inmediato de decenas de plantas en el interior del país y la pérdida de miles de puestos de trabajo directos.
El impacto del proyecto de desregulación en las economías regionales
El núcleo del conflicto radica en la modificación del esquema de cupos y precios que rige actualmente para el biodiésel y el bioetanol destinados al mercado interno. La legislación vigente establece que el gasoil y la nafta comercializados en los surtidores argentinos deben contener un porcentaje obligatorio de origen vegetal, el cual es abastecido por pymes radicadas en las provincias productoras. Este mecanismo fue diseñado para descentralizar la industria, agregar valor en origen y sostener las economías de los pueblos del interior.
La propuesta impulsada por Bullrich plantea la eliminación de estos cupos asignados y propone un sistema de libre competencia o licitaciones abiertas donde las grandes plantas agroexportadoras —ubicadas principalmente en el cordón portuario del Gran Rosario— podrían volcar su stock al mercado doméstico. Al poseer una escala de producción significativamente mayor y costos de infraestructura amortizados por el comercio exterior, estas corporaciones fijarían precios con los que las plantas regionales no pueden competir de igual a mano.
Las cámaras del sector calculan que el costo de producción de una planta mediana en el interior profundo de Santa Fe o Córdoba difiere de manera sustancial del de una terminal portuaria. Sin una protección regulatoria que reconozca estas asimetrías geográficas y operativas, el esquema de libre mercado propuesto derivaría en una concentración absoluta del negocio en un puñado de firmas globales.
El quiebre del modelo de arraigo y la pérdida de empleo
Los representantes de las pymes biocombustibles advierten que el impacto socioeconómico de la medida será inmediato y devastador para las localidades donde operan. A diferencia de las grandes terminales portuarias, estas empresas están radicadas en municipios pequeños y medianos, donde se configuran como los principales empleadores privados y motores de la actividad comercial indirecta, desde el transporte local hasta los servicios técnicos y de mantenimiento.
La Cámara de Empresas de Biocombustibles de la Región Pampeana señaló que el colapso del sector afectaría de manera directa a más de 3.000 familias e impactaría indirectamente en otras 9.000. Los empresarios sostienen que las inversiones realizadas en los últimos quince años se basaron en un marco jurídico de largo plazo otorgado por el Estado nacional, el cual se vería interrumpido abruptamente si prospera la iniciativa de la funcionaria nacional.
La paralización de estas fábricas no solo implicaría despidos masivos, sino también una desinversión tecnológica en las provincias. Muchas de estas firmas reinvierten la totalidad de sus utilidades en la optimización de procesos y en el desarrollo de subproductos derivados del procesamiento de la soja y el maíz, dinamizando eslabones clave de la cadena agroindustrial que quedarían obsoletos ante la quiebra del negocio principal.
Antecedentes de la normativa y la disputa con las petroleras
La tensión en torno a la regulación de las energías renovables en la Argentina no es nueva. La actual Ley de Biocombustibles, sancionada tras intensos debates en el Congreso de la Nación, buscó un equilibrio complejo entre los intereses de las refinerías petroleras, el sector agroexportador y las pymes del interior. El marco legal vigente faculta a la Secretaría de Energía a fijar mensualmente el precio de adquisición del biodiésel y el bioetanol para garantizar la rentabilidad mínima de las plantas regionales.
Las empresas refinadoras de petróleo presionaron históricamente para reducir el porcentaje de corte obligatorio o bien para adquirir la materia prima al menor precio posible, argumentando que el costo de los biocombustibles impacta de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio. Sin embargo, los productores vegetales replican que el componente bio representa una porción menor del precio en surtidor y que su utilización ahorra divisas clave al Estado al evitar la importación de combustibles fósiles.
El borrador del proyecto de Bullrich retoma los argumentos de los sectores que promueven la liberalización total del mercado de combustibles, alineándose con las posturas históricas de las principales refinadoras del país. Para las pymes agroindustriales, esto representa un retroceso normativo que ignora los beneficios ambientales y fiscales que genera la producción distribuida de energía limpia en el territorio nacional.
Consecuencias ambientales y el riesgo de una mayor concentración
Más allá de la dimensión estrictamente económica y laboral, las cámaras regionales alertan sobre las consecuencias ambientales y estratégicas que acarrearía el desmantelamiento de la red de pymes. La descentralización de la producción de biodiésel y bioetanol permite abastecer a los centros de consumo regionales con una huella de carbono significativamente menor en términos de transporte y logística, en comparación con un esquema centralizado en los puertos de exportación.
Si las pymes desaparecen, el mercado interno dependerá exclusivamente del criterio comercial de las grandes corporaciones, las cuales priorizan habitualmente colocar sus saldos exportables en los mercados internacionales cuando los precios globales resultan más atractivos que el consumo local. Esto colocaría al sistema de transporte de carga y de pasajeros argentino en una situación de vulnerabilidad ante eventuales crisis de desabastecimiento o picos de cotización internacional del petróleo.
El debate legislativo que asoma promete profundizar las divisiones entre los legisladores de las provincias productoras y la conducción central del oficialismo. Los gobernadores de la Región Centro ya comenzaron a recibir los reclamos de los industriales locales, quienes exigen un rechazo unánime a cualquier modificación que ponga en riesgo la supervivencia de un tejido empresarial que insumió años consolidar y que hoy constituye el corazón productivo de decenas de localidades argentinas.
Las pymes regionales que fabrican casi el 70% del biodiésel utilizado para abastecer el corte obligatorio del gasoil en las refinerías petroleras, denunciaron este miércoles en el Senado que todos los proyectos en debate para reformar la ley de biocombustibles amenazan la existencia de 25 empresas que generan 15. 000 empleos en las provincias.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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